Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Los hechos políticos administrativos por los que atraviesa el país, el entrometimiento del ejecutivo en el manejo interno de los partidos desde una oficina de palacio, la clara imposición de proyectos gubernamentales sin que se den los debates parlamentarios de ley, la descoordinación al interior del gobierno en agendas de estado, la poca o nula atención a los graves problemas de la nación, siendo uno de ellos la seguridad ciudadana, los desplazamientos forzados, terminan siendo opacados con una crisis ministerial que solo busca fortalecer al ejecutivo con funcionarios cercanos al jefe de estado, que seguramente le servirán de guardia pretoriana, pero falta ver si le aportan para el buen gobierno que es lo que deseamos los que habitamos este territorio.
La palabra crisis tiene varias acepciones diferentes en el diccionario de la Real academia, una de ellas hace referencia a un “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación”, otra sería la acepción específica, como no podría ser de otra manera, a la de una simple crisis ministerial, o cambio de funcionarios buscando excluir la arrogancia de algunos o algunas, vincular a personas con mejor conocimiento de las áreas para las cuales fueron designadas.
En otros términos, aprovechar ese escenario de cambio para el mejoramiento de la gobernabilidad o gobernanza, no acertando en ocasiones ya que se puede incurrir en desvincular a funcionarios que por consideraciones políticas vienen desarrollando una eficiente labor administrativa en temas de gran importancia hacendística, caso ex ministro Ocampo.
Seguramente para sacar adelante ciertos proyectos vendrá una etapa de negociación individual con el estamento parlamentario, o en términos coloquiales, se impondrá la mermelada, aprovechando la debilidad burocrática de algunos, olvidando que se deben a sus partidos, que ostentan la credencial avalados por esas colectividades, que existe una ley de bancadas donde sus miembros tienen la obligación legal de actuar en grupo y coordinadamente buscando preservar en las corporaciones públicas la representatividad como la legitimidad, así como respetar y cumplir con los estatutos de sus partidos.
El transcurso del tiempo dirá si sirvió para algo ese cambio de política estatal, o si fue simplemente como campana neumática frente a los innumerables problemas de orden social, políticos, económicos, de seguridad urbana como rural, dejados de lado en un momento en que crece la desconfianza ciudadana frente a las políticas gubernamentales, medición que se verá reflejada en las elecciones territoriales del mes de octubre.
Adenda: Empieza a correr el calendario electoral para que ciertas regiones del país respiren un nuevo aire administrativo, caso Bogotá, Manizales; la capital de todos aspira tener un alcalde que tenga y exponga un serio programa de gobierno, en mora de ser socializado, donde la movilidad, como la seguridad ciudadana sean los pilares de esa nueva gestión de gobierno, ajeno a los dogmatismos, donde se actúe más y se grite menos.
En el caso de la señorial Manizales, un burgomaestre ajeno al síndrome del protagonismo, que consiste en la figuración excesiva a que invita la letra de molde, la sonoridad del micrófono y el brillo de las cámaras de televisión, por supuesto un conocimiento de las necesidades de la ciudad.
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