Opinion

REPOSICIÓN

EDITORIAL

De acuerdo con la ley, todos los candidatos que se inscriban y participen en los procesos electorales, tienen derecho a la reposición de gastos de campaña.

Para el efecto, los candidatos deben reportar la información contable en el aplicativo “Cuentas Claras”. De acuerdo con el Artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, la presentación del informe de ingresos y gastos por parte del candidato ante la organización política que lo avaló se debe realizar un mes después de la fecha de elección.

Los candidatos para dar estricto cumplimiento a la rendición de informes deben de contratar un contador que los avale y en muchos casos, una persona con experiencia contable para su elaboración.

Aunque en el caso de los concejales de los municipios de cuarta a sexta categoría no son sumas exorbitantes las reposiciones de gastos de campaña, sumadas las de todos, sí son una cifra económica bastante importante. Colombia tiene en sus 1.103 municipios 12.166 concejales. En solo sexta categoría tenemos 10.430.

Sin embargo, la mayoría de estos concejales no reciben la reposición de gastos de campaña a que tienen derecho de acuerdo con la Ley, aunque hayan presentado sus informes correctamente y dentro de los tiempos establecidos. Lo paradójico es que los concejales se hacen acreedores a sanciones por omitir este deber consistentes en multas entre 18 y 184 millones de pesos, sin tener igual correspondencia a la hora de reponer el gasto porque ahí si nadie aparece.

Son miles de millones de pesos que se quedan en los partidos políticos que los avalaron o en el Fondo de Reposición de Gastos de Campañas Electorales sin que lleguen a sus verdaderos destinatarios, quienes previamente tuvieron que emplear recursos económicos y humanos para presentar sus informes contables.

Los únicos concejales que reciben la reposición por sus gastos de campaña electoral son los de las ciudades capitales, para el resto, o sea el 90 por ciento, este beneficio existe solo en la Ley porque en la práctica jamás se materializa sin que el Consejo Nacional Electoral o la autoridad competente ejerza control sobre esta irregularidad.

Esta es otra de las desigualdades a las que están sometidos los concejales de cuarta a sexta categoría sin que los honorables congresistas se dignen a aprobar una ley que mejore sus condiciones laborales y que sirva de motivación para que muchos otros ciudadanos se decidan a aspirar a estas corporaciones.

Manizales, abril 21 de 2024.

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