Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Las noticias llegan y se van como las olas, los escándalos de corrupción, las frases de cajón de algunos funcionarios, las decisiones de último momento de quién ocupa la casa de Nariño como el decreto que establece el 19 de abril como día cívico, por demás desatendido por ser incoherente, camuflando una crisis hídrica con un interés personal e ideológico, los acuerdos burocráticos para obtener apoyo parlamentario en las reformas oficiales, un orden público deteriorado con tomas territoriales por la insurgencia que desmorona la cacareada paz total, los maltratos oficiales a las fuerzas del orden , hechos estos que nos hace pensar que nos movemos en la incertidumbre por todo lo que pasa en el panorama nacional.
Bien merece el momento actual para reseñar algunos factores que inciden en esa incertidumbre social y política, donde las tres ramas del poder público juegan papel primordial, con una sola damnificada: la sociedad.
El estado colombiano está integrado por la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial, pero en la práctica la ejecutiva ejerce un poder dominante frente a la legislativa a través de la frondosa nómina oficial para satisfacer cuotas partidistas, coloquialmente denominado «clientelismo”, fuente de muchos dirigentes políticos que condicionan el apoyo si no obtienen beneficios burocráticos, fuera de la contratación para sus recomendados financiadores de las campañas electorales.
Importante reconocer que se atraviesa por una crisis ética, donde la moral administrativa se ha derrumbado desde la cúspide del estado (topes de la campaña presidencial en entredicho), nombramientos de altos funcionarios con graves cuestionamientos de todo tipo, que muchas veces los exhiben como un trofeo, ante la inacción judicial, que nos hace pensar que tanto la dignidad, como el decoro forman parte de los postulados del pasado.
Las cosas como son: existe una desazón institucional por la corrupción, carros tanques de la Guajira, desviación de los dineros de la salud, muchos casos más tanto en el campo central como en el territorial, donde solo ganan unos pocos y perdemos los de siempre: los ciudadanos de a pie.
Frente a esa incredulidad responde la oposición como un alto porcentaje de la sociedad civil con marchas, el gobierno mira hacia otro lado, un desentendimiento de la realidad social que la busca afanosamente para sustentar la constituyente callejera por la vía del atajo, desconociendo el estado de derecho como la separación de poderes.
Conclusión: nada bueno lo que se palpa en el panorama político social. Ojo avizor.
ADENDA UNO: Que interesante sería que esta nueva Fiscalía bajo la dirección de la doctora Camargo, investigue a fondo el contrato celebrado por la alcaldía de Manizales, la saliente, orientada por un pichón de gobernante, donde al parecer se han extraviado 40 mil millones de pesos en el contrato para el tratamiento de las aguas residuales según las graves denuncias de diferentes medios de comunicación, fuera de otras a las que se le ha puesto la campana neumática.
Prontitud, celeridad en las investigaciones es lo que espera la ciudadanía manizaleña por el doloso manejo que se le dieron a esos recursos, dineros de los contribuyentes.
ADENDA DOS. Se pronunció la calle. Ojalá se le dé la lectura correcta a esa masiva inconformidad del constituyente primario, del que tanto habla el alto gobierno.
*Ex magistrado.
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