EL MADRAZO

EDITORIAL

Un análisis de la revista semana publicado el 6 de agosto de 2020 titulado: «Elogio al madrazo: la importancia del insulto en la política y la cultura» dice que, «Lejos de ser una vulgaridad o una expresión utilizada por los sectores incultos, la palabra ‘hijueputa’ ha sido parte importante de la cultura colombiana y sirve tanto para insultar como para halagar. Además, se utiliza a veces para expresar frustración…».

Hoy más que nunca, el pueblo debe reconocer que el enemigo no está en quien grita de rabia, sino en quienes se ríen en silencio mientras lo traicionan. Hoy atacan la figura presidencial porque en un acto de rabia, lleno de humanidad, dejó escapar un madrazo. Un «mucho HP» dirigido a quienes prometieron diálogo mientras pactaban su traición.

¿Y qué esperaban? ¿Un discurso frío mientras los trabajadores siguen llevando del bulto en la informalidad, mientras la salud sigue siendo un negocio para unos pocos? Quizás esa expresión fue salida de tono, pero ¿acaso eso no es lo que piensan muchos colombianos sobre los congresistas que representan la clase política tradicional, que buscan satisfacer sus intereses mediante puestos y contratos, y por último, si queda algo, el «interés común del pueblo»? ¿Acaso es un secreto que los congresistas promueven grandes negociados a costa del secuestro del Estado, que el pueblo sufre mientras estos se convierten en millonarios y el pobre cada vez más pobre, viendo como los recursos solo llegan hasta los bolsillos de quienes los gestionan, pero no hasta el parque, el colegio, el hospital, las vías y todo lo demás?

El pueblo colombiano no eligió a Gustavo Petro para que fuera un simple administrador del poder tradicional. Lo eligió con un mandato claro: transformar las condiciones de desigualdad, corrupción y privilegios que históricamente han postrado a millones. Hoy, mientras el Presidente impulsa reformas sociales urgentes —como la laboral, la de salud y la pensional—, enfrenta un sabotaje descarado de la vieja élite política y económica que, con cinismo, predica el consenso mientras conspira en los pasillos del Congreso para mantener el statu quo.

La traición es pública. No se disimula. No son rumores: es el propio presidente del Senado, quien en una declaración ominosa se jacta de ser “el jefe de la banda que hunde las reformas en el Congreso”. ¿Qué moral puede reclamar quien reconoce, sin pudor, liderar el naufragio de las esperanzas populares? ¿Qué ética es esa que, mientras estrecha la mano en los despachos prometiendo diálogo, de inmediato corre a hundir los proyectos sociales en la plenaria como quien desecha basura?

El ataque no es solo político. Es económico. Es estructural. Bajo la fachada de debates democráticos, sectores enquistados negocian su apoyo a cambio de cuotas de poder: contratos millonarios, posiciones en entidades clave, puestos que no buscan mejorar la administración pública, sino blindar sus intereses. Se extorsiona al Ejecutivo a puertas cerradas, mientras de cara a la opinión pública se rasgan las vestiduras hablando de «institucionalidad» y «dignidad».

¿Esa es la democracia que defienden? ¿La de los acuerdos bajo la mesa, la de la corrupción disfrazada de gobernabilidad? No. Esa es precisamente la política que el pueblo colombiano quiso cambiar cuando votó, en mayoría, por un Gobierno alternativo. Hoy, quienes no fueron capaces de ganar en las urnas pretenden vetar desde el Congreso la voluntad popular, chantajeando, bloqueando y saboteando las reformas que buscan devolverle al pueblo algo de la dignidad que le ha sido negada por siglos.

El Presidente Petro, con todos los errores y aciertos propios de cualquier ser humano, está cumpliendo con su deber: defender el interés general sobre los privilegios particulares. La historia juzgará quién estuvo del lado del pueblo y quién prefirió seguir sirviendo a los amos de siempre.

En momentos como este, no se trata solo de apoyar a un Gobierno, sino de defender la esencia misma de la democracia: el respeto al mandato popular y la lucha incansable por la justicia social. El Congreso hunde reformas, no privilegios.

Manizales, abril 27 de 2025.

EDITORIAL

Un análisis de la revista semana publicado el 6 de agosto de 2020 titulado: «Elogio al madrazo: la importancia del insulto en la política y la cultura» dice que, «Lejos de ser una vulgaridad o una expresión utilizada por los sectores incultos, la palabra ‘hijueputa’ ha sido parte importante de la cultura colombiana y sirve tanto para insultar como para halagar. Además, se utiliza a veces para expresar frustración…».

Hoy más que nunca, el pueblo debe reconocer que el enemigo no está en quien grita de rabia, sino en quienes se ríen en silencio mientras lo traicionan. Hoy atacan la figura presidencial porque en un acto de rabia, lleno de humanidad, dejó escapar un madrazo. Un «mucho HP» dirigido a quienes prometieron diálogo mientras pactaban su traición.

¿Y qué esperaban? ¿Un discurso frío mientras los trabajadores siguen llevando del bulto en la informalidad, mientras la salud sigue siendo un negocio para unos pocos? Quizás esa expresión fue salida de tono, pero ¿acaso eso no es lo que piensan muchos colombianos sobre los congresistas que representan la clase política tradicional, que buscan satisfacer sus intereses mediante puestos y contratos, y por último, si queda algo, el «interés común del pueblo»? ¿Acaso es un secreto que los congresistas promueven grandes negociados a costa del secuestro del Estado, que el pueblo sufre mientras estos se convierten en millonarios y el pobre cada vez más pobre, viendo como los recursos solo llegan hasta los bolsillos de quienes los gestionan, pero no hasta el parque, el colegio, el hospital, las vías y todo lo demás?

El pueblo colombiano no eligió a Gustavo Petro para que fuera un simple administrador del poder tradicional. Lo eligió con un mandato claro: transformar las condiciones de desigualdad, corrupción y privilegios que históricamente han postrado a millones. Hoy, mientras el Presidente impulsa reformas sociales urgentes —como la laboral, la de salud y la pensional—, enfrenta un sabotaje descarado de la vieja élite política y económica que, con cinismo, predica el consenso mientras conspira en los pasillos del Congreso para mantener el statu quo.

La traición es pública. No se disimula. No son rumores: es el propio presidente del Senado, quien en una declaración ominosa se jacta de ser “el jefe de la banda que hunde las reformas en el Congreso”. ¿Qué moral puede reclamar quien reconoce, sin pudor, liderar el naufragio de las esperanzas populares? ¿Qué ética es esa que, mientras estrecha la mano en los despachos prometiendo diálogo, de inmediato corre a hundir los proyectos sociales en la plenaria como quien desecha basura?

El ataque no es solo político. Es económico. Es estructural. Bajo la fachada de debates democráticos, sectores enquistados negocian su apoyo a cambio de cuotas de poder: contratos millonarios, posiciones en entidades clave, puestos que no buscan mejorar la administración pública, sino blindar sus intereses. Se extorsiona al Ejecutivo a puertas cerradas, mientras de cara a la opinión pública se rasgan las vestiduras hablando de «institucionalidad» y «dignidad».

¿Esa es la democracia que defienden? ¿La de los acuerdos bajo la mesa, la de la corrupción disfrazada de gobernabilidad? No. Esa es precisamente la política que el pueblo colombiano quiso cambiar cuando votó, en mayoría, por un Gobierno alternativo. Hoy, quienes no fueron capaces de ganar en las urnas pretenden vetar desde el Congreso la voluntad popular, chantajeando, bloqueando y saboteando las reformas que buscan devolverle al pueblo algo de la dignidad que le ha sido negada por siglos.

El Presidente Petro, con todos los errores y aciertos propios de cualquier ser humano, está cumpliendo con su deber: defender el interés general sobre los privilegios particulares. La historia juzgará quién estuvo del lado del pueblo y quién prefirió seguir sirviendo a los amos de siempre.

En momentos como este, no se trata solo de apoyar a un Gobierno, sino de defender la esencia misma de la democracia: el respeto al mandato popular y la lucha incansable por la justicia social. El Congreso hunde reformas, no privilegios.

Manizales, abril 27 de 2025.