En el primer trimestre del año 2022 se adelantó por parte de la Fiscalía General de la Nación una serie de detenciones en el marco del llamado proceso “Las Marionetas”, las primeras capturas que se dieron estuvieron encaminadas a diferentes personas que cumplían funciones por fuera del sector público. Posteriormente, 5 meses después, se dieron capturas de funcionarios, alcaldes municipales y contratistas.
Inicialmente la Fiscalía General de la Nación presentó en audiencia pública y ante los medios informativos de nuestro país un aparente Grupo Delincuencial Organizado (GDO), integrado por un Senador de la República, contratistas, particulares y funcionarios públicos que pretendían presuntamente hacerse a recursos públicos de manera irregular. Desde esa época se vienen dando diferentes etapas procesales que han llevado desde detenciones, preacuerdos, principios de oportunidad y una serie de situaciones jurídicas que tuvieron la atención mediática del público en general.
Dentro de todo este grupo de personas se presentó la detención del Andrés Felipe Aristizábal Parra, alcalde en ejercicio del municipio de Villamaría Caldas, quien viene dando una pelea jurídica larga de manera directa y respetuosa con las autoridades judiciales de nuestro país. Su última actuación dentro de este caso la dio el 11 de abril del presente año cuando se realizó la audiencia de verificación del preacuerdo de este exalcalde ante un Juez de la República, audiencia en la que este exfuncionario se retractó del preacuerdo realizado en la ciudad de Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantó todas las investigaciones y actuaciones del caso, a través de los años también han cometido errores garrafales con tal de mostrar resultados inmediatos y mediáticos, como es el caso que nos ocupa en esta publicación, aún por encima del respeto a la dignidad humana y al derecho fundamental de todos los seres humanos como es la presunción de inocencia.
La presión tácita que hace esta entidad, como puede ser una mala alimentación, pocas garantías para dormir, presiones psicológicas en los centros de reclusión transitorios que utilizan para tener estas personas mientras se resuelve su situación jurídica, y el terrorismo jurídico que utilizan durante las capturas y audiencias preliminares, mecanismos con los que buscan doblegar física, mental, sicológica y moralmente, son actuaciones y procederes que castiga el Sistema Universal de Derechos Humanos. Esto lo hacen en el afán de mostrar resultados ante presiones laborales, políticas y sociales que muchas veces influyen dependiendo de las conveniencias del momento.
Podemos estar ante un caso donde ocurrió lo mencionado anteriormente, toda vez que, con este exalcalde de Villamaría, se pueden inferir las presiones realizadas como el traslado desde Manizales al Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, decisión que, ante la impugnación por razones de competencia, fue reversada y el sindicado devuelto a la ciudad de origen meses después.
Así mismo, durante la legalización de captura, este funcionario declaró contundentemente ser inocente, sin embargo, ante las presiones y los malos tratos recibidos, accedió a realizar un preacuerdo que el permitiera detención domiciliaria y poder estar con su familia; además se le exigió la renuncia como alcalde, aunque la ley colombiana no dispone de ninguna limitación de derechos políticos, ni la dimisión al cargo como requisito para el acceso a beneficios durante esa etapa procesal como fue el caso del exalcalde de Piendamó Cauca a quien nunca se le exigió.
Si bien “Las Marionetas” es un caso amplio y denso, el cual tiene muchas aristas, en el caso del exalcalde de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal Parra, podemos estar ante un caso donde se violaron derechos fundamentales porque nunca hubo presunción de inocencia, y siempre fue tratado como culpable y condenado aunque las acusaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación no contemplaban pérdida o malversación de dineros públicos.
Cada caso es diferente e independiente, las responsabilidades penales y de comportamiento son individuales y a este exfuncionario no pueden condenarlo jurídica y socialmente hasta tanto no sea vencido en juicio solo por haber sido alcalde de la misma línea política del exsenador Mario Castaño, aclarando que los delitos de sangre y amistad no existen en ningún lugar.
La gestión del señor Andrés Felipe Aristizábal Parra como alcalde de Villamaría fue amplia y benéfica para su municipio, aunque le tocó sortear la pandemia del COVID-19, el estallido social y solo ejerció el cargo durante 32 meses. Hizo una administración seria, de cara a la comunidad, desde una intervención social extensa hasta el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes tanto de la zona urbana como rural. Aún hoy, casi tres años después de su salida del cargo, se vienen entregando obras que fueron planeadas, diseñadas y gestionadas bajo su mandato.
La búsqueda de la verdad real, la justicia limpia y no direccionada deben primar siempre en un estado social de derecho, garantizando los derechos de cada persona, sin incurrir por parte de las entidades competentes en actuaciones que sean contrarias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ejerciendo como en este caso la privación de la libertad, forzando e intimidando para lograr un resultado penal en tiempo récord, inculpando aparentemente en un proceso dogmáticamente inspirado en el terrorismo jurídico.
Este exalcalde a pesar de llevar 32 meses en detención domiciliaria con permiso de trabajo, buscará demostrar su inocencia en un juicio que sea justo y con todas las garantías procesales que le permitan demostrar que sus actuaciones como alcalde municipal de Villamaría se ajustaron a la Ley y fueron transparentes.
Manizales, 26 abril 2025.
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