EDITORIAL
Durante los últimos años se ha vuelto un tema recurrente en todos los niveles de la administración pública, la dificil situación presupuestal lo que ha llevado a diseñar planes de austeridad en el gasto en todas las entidades.
Sin embargo, en la práctica la austeridad no es precisamente una de las políticas prioritarias de los responsables de la administración pública. Por esta época decembrina y de final de año, vemos entidades cerradas jornadas enteras bajo el pretexto de que sus funcionarios se encuentran en las fiestas de navidad y de fin de año, en la novena navideña o en otras actividades similares.
Hace apenas dos días surgió un escándalo mediático al conocerse que el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, realizó un evento de navidad y fin de año que costó aproximadamente 360 millones de pesos, mientras que la entidad adeuda más de 475 millones por honorarios a contratistas. Lo mismo se presenta en todos los niveles y entidades oficiales.
Los directivos de las entidades justifican estos gastos con la Ley 1567 de 1998 que establece el Plan de Bienestar y Estímulos como herramienta para mejorar el clima laboral y reportar resultados institucionales. Sin embargo, también existe el Decreto 199 de 2024 que en su artículo 18 prohíbe expresamente la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que también se podría aplicar en los otros niveles.
Si los entes de control del Estado revisaran los contratos de las entidades para estas celebraciones, seguramente encontrarán sobrecostos y gastos inverosímiles porque estas actividades, en muchos casos, se han convertido en otra forma de corrupcion que pasa desapercibida por el jolgorio y la rumba.
Se requiere con carácter urgente la implementación de verdaderos planes de austeridad en la administración pública que contribuyan al saneamiento de las finanzas, y el establecimiento de sanciones fuertes para aquellos directivos o funcionarios que no los apliquen.
Estos despilfarros y derroches de fin de año no solamente afectan los presupuestos de las entidades, si no también la calidad del servicio que deben de prestar a la ciudadanía el cual se ve restringido porque sus funcionarios andan de rumba.
Pensilvania, diciembre 22 de 2024.













