EDITORIAL
El presidente Petro anunció esta semana que apoya el proyecto de reforma constitucional que se discute en el Congreso de la República sobre el sistema general de participaciones, es decir el dinero de la nación que va a los municipios, y lo supedita a unas condiciones, algunas de las cuales generan inquietud.
Una de ellas dice que “Debe supeditarse a una ley de competencias para los municipios, es decir, que se trasladan competencias que antes hacía la nación con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal.” Esto ha generado alarma entre los alcaldes porque, aunque les va a llegar más dinero, también se le aumentan las responsabilidades sin conocerse la cantidad ni la cuantía de ellas. En Colombia el 90% de los municipios están clasificados en sexta categoría. Su mayor dificultad administrativa es la insuficiencia de recursos y de ahí el clamor para que les sea aumentado el valor de las transferencias de la nación.
Si se les aumenta a los municipios el valor de las transferencias y a su vez sus competencias o responsabilidades administrativas, como se dice coloquialmente “será peor el remedio que la enfermedad”.
Otra de las condiciones fijadas por el presidente Petro es “La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y por tanto debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz.” Si bien la intención puede ser buena, los municipios con el menor índice de necesidades básicas insatisfechas como los del centro del país, van a recibir menos transferencias que sus pares de otras regiones, lo que afectará seriamente sus finanzas porque recibirán más competencias y menores transferencias.
De aprobarse este Acto Legislativo en el Congreso, deberá de ir acompañado de una Ley de Competencias en la cual quedarán definidas las nuevas responsabilidades administrativas y fiscales que tendrán los municipios, la cual será determinante para saber si realmente esta reforma constitucional cumplirá con el objetivo propuesto por los alcaldes.
Igualmente el Congreso debe de pensar en la reducción del tamaño del Estado el cual crece administración tras administración convirtiéndolo en un ente practicamente inoperante.
Los controles para garantizar el buen uso de las transferencias también serán fundamentales porque el aumento de estas abrirá el apetito voraz de corrupción de muchos gobernantes y políticos. Es una paradoja que regiones a las que los gobiernos nacionales les han girado tantos recursos, sigan sumidas en la pobreza. Por solo citar un ejemplo, el departamento de Arauca debería de ser uno de los más desarrollados del país gracias a sus regalías, y no ha sido así.
Manizales, noviembre 03 de 2024.