Opinion

A cambiar de Partido *

Por fin el Gobierno radico la tan esperada Reforma Política, y de manera particular, esta misma semana fue presentada la ponencia con la que se permite entonces iniciar el debate del proyecto, y es particular, pues en lo corrido de dos meses de congreso, las mesas directivas del congreso pareciera que quisieran evitar la eficiencia en la discusión de un sinnúmero de proyectos.

Está reforma política, es una modificación a la constitución de la Nación, por ende, su trámite en el congreso es especial y singular respecto de las demás iniciativas legislativas, mientras un proyecto de ley ordinario tiene dos años para ser aprobado en 4 debates, un Proyecto de Acto legislativo debe ser aprobado en menos de un año y dándole 8 debates positivos, a los que se les podría sumar otros cuatro debates si hubiera lugar a la conciliación de los textos.

Para este caso, se deben aprobar 4 primeros debates y tal vez dos más por la conciliación antes del 16 de Diciembre, fecha en la cual terminan las sesiones ordinarias; para retomar desde el 16 de marzo y hasta el 20 de Junio, periodo en el cual deberán aprobarse los restantes cuatro debates y nuevamente 2 más si hay lugar a la conciliación.

Los primeros cuatro debates deben ser aprobados por las mayorías que asisten a la comisión y la plenaria (Mayoría Simple) pero en los últimos 4 debates, la aprobación debe ser por la mayoría de los miembros de la comisión y la plenaria (Mayoría Absoluta), está diferencia entre mayorías en primera y segunda vuelta explica el porque suelen archivarse modificaciones a la constitución en sus últimos debates, lograr tantos votos no es tarea fácil.

Está iniciativa fue acumulada con otros tres proyectos de reforma política presentados por distintos partidos, en conclusión, el proyecto es una mezcla de requerimientos de los partidos, que muy poco aportan a la crisis política que vive el país.

¿Pero qué contiene el Proyecto?

En primer lugar, y tal vez el artículo con más rigor académico, es el que le prohíbe a la Procuraduría y con ella a cualquier autoridad administrativa, suspender de manera temporal o definitiva a cualquier servidor público electo en las urnas. En otras palabras, actuaciones cómo la de la suspensión del alcalde Quintero en Medellín durante la campaña presidencial será prohibida, y solamente el poder judicial, es decir los jueces, podrán suspender servidores públicos elegidos por la ciudadanía, un primer paso para acabar con la Procuraduría tal y como lo menciono Petro hace algunos meses.

La iniciativa contempla la obligación de los Partidos por aplicar la democracia interna en la elección de sus candidatos, de igual manera le permite a los Congresistas renunciar con un solo día de antelación para asumir cualquier empleo en el ejecutivo, no solo en los ministerios, en cualquier entidad del orden nacional. Lo que en la práctica podría llevar a una perversa transacción en la que, a mayor número de votos, mayor posibilidad de ser nombrado en una alta institución.

Les prohíbe a miembros de corporaciones públicas su permanencia por más de dos periodos en Juntas de Acción Comunal, Concejos, asambleas o Congreso.

Cómo lo anunciamos hace algunas semanas, se genera un periodo de transición por dos elecciones en las cuales no solo se decreta el voto obligatorio, sino que se imponen las listas cerradas, una surte de experimento que tratará de fortalecer la equidad de género y disminuir la abstención.

Pero, además, para el caso de las elecciones al congreso, se acaban las listas en coalición dónde se cuelgan los partidos políticos buscando evitar la perdida de la personería jurídica o por lo menos obtenerla, dado que si una lista en coalición cumpliera las condiciones que se exige, por disposición de la reforma se convertirían en un nuevo partido.

En igual sentido se decreta la paridad de género en las listas a corporaciones públicas, y a diferencia de la fallida reforma al código electoral, si se aprobará el proyecto de acto legislativo, este entrará en vigencia al momento de finalizar el trámite en el congreso.

Por último, se disminuye a seis meses antes de la inscripción la condición para que, siendo parte de un partido político, se pueda aspirar por otro, y se permite por una sola vez el cambio de partido si necesidad de renuncia, es decir, se acepta el transfuguismo.

Esta última modificación de seguro dará mucho de que hablar, y con seguridad no pocos serán los pertinentes y afortunados tránsfugas que se cobijarán en la nueva y única oportunidad de abonar los barcos náufragos, o simplemente buscarán ser la cabeza de ratón dejando de ser la cola del león.

Con lo anterior queda claro que el proyecto en su inmensa mayoría busca facilitarles la vida a varios barones electorales e incrementar aún más el poder de partidos de Gobierno, y es muy poco lo que realmente está iniciativa le aporta a la estructural crisis política del país.

* Por: Alejandro Loaiza Salazar – Enlace Congreso de la República. Oriundo de Samaná, con estudios en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Twitter: @AlejandroLDFD

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