Opinion

VUELVE Y JUEGA

EDITORIAL

En reiteradas oportunidades hemos rechazado las actuaciones de candidatos a cargos de elección popular, malos perdedores, quienes acuden a los estrados judiciales en busca de lo que las urnas les negó. Buscan la nulidad de la elección y así ellos poder ocupar la respectiva curul.

Esta judicialización de la política también tiene otra faceta que consiste en sacar previamente de la contienda electoral, a través de argucias jurídicas al adversario que tenga reales opciones de triunfar, representando un peligro para las aspiraciones de determinada organización política.

Esta semana el país recibió con sorpresa la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputarle cargos al precandidato presidencial Sergio Fajardo por actuaciones del año 2013 cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia.

Aprovechó el señor Fiscal General de la Nación la Semana Santa, época cuando la ciudadanía se relaja y coloca poca atención a las noticias, para hacer este anunció que tiene serias repercusiones en el debate electoral para presidencia de la república del próximo año. Se repite la historia de Luis Alfredo Ramos cuando hace cuatro años para sacarlo de la contienda electoral decidieron colocarlo preso.

Una vez se conoció la decisión contra Fajardo, fueron muchos los pronunciamientos de expertos juristas quienes concluyeron que más que causa judicial, lo que encontraron es un pleito político.

Lo que realmente está en juego en las altas esferas políticas del país, es la búsqueda del candidato que enfrente a Gustavo Petro, de quien calculan llegará a la segunda vuelta presidencial de junio de 2022. Los uribistas quieren que sea uno de los suyos y no ven con buenos ojos que un hombre como Sergio Fajardo, representando a la Centro – Izquierda, les gane en primera vuelta y por lo tanto lidere la gran coalición que impida al petrismo llegar a la Casa de Nariño.

No sería de extrañar que la Fiscalía General de la Nación, cuyo titular es fiel exponente del uribismo, se haya prestado para este juego sucio tal como lo hizo el ex fiscal Eduardo Montealegre en la contienda electoral de 2014 favoreciendo la candidatura de Santos y perjudicando la campaña de Oscar Iván Zuluaga con los resultados que todos conocemos. Es posible que los uribistas ahora pretendan hacer lo mismo de lo cual fueron víctimas en aquella época.

Esa práctica de judicializar la política, en uno u otro caso, es un atentado contra la democracia. De ahí lo peligroso cuando el Fiscal General de la Nación, especialmente, y los otros órganos de control del Estado, sean de bolsillo y estén al servicio del Presidente de la República de turno.

Pensilvania, 04 abril 2021.

Lo más visto

Subir