Opinion

Reforma al Control Fiscal

Por: Alejandro Loaiza Salazar – Enlace Congreso de la República. Oriundo de Samaná, con estudios en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

21 septiembre 2019

El pasado 18 de septiembre el presidente de la Republica promulgo (no confundir con sanción) el Acto legislativo 04 de 2019 con el cual se reforma el régimen de Control Fiscal en el país.

Esta reforma que nació de un nuevo modelo de trabajo que quiere implementar el actual Contralor General, tiene como columna vertebral, pasar de un sistema en el cual la Contraloría General de la República audita y vigila en forma posterior y selectiva, a uno en el cual se podrá vigilar no solo bajo el anterior sistema, sino bajo un modelo preventivo y concomitante. En pocas palabras, podrá la CGR actuar frente a posibles casos de corrupción de manera inmediata, y no esperar como lo obligaba el anterior y perverso sistema, a que el hecho corrupto fuera consumado para poder tomar las medidas tendientes a recuperar los dineros perdidos y acusar a los implicados.

También contiene esta reforma un aumento de su presupuesto general, pasando de aproximadamente 500 mil millones a uno de más de un billón de pesos, y con ello integrar bajo la modalidad de concurso a un número significativo de profesionales de ramas diferentes al derecho y la contabilidad, que podrán realizar inspección y vigilancia en temas particulares.

Es decir, poder auditar con ingenieros civiles las diferentes obras que se hacen en el país, auditar con médicos nuestros hospitales y en general las fallas del sistema de salud, auditar y vigilar los efectos de la explotación de minas y yacimientos petroleros en el ecosistema y también el uso de estos recursos, para evitar casos como el de REFICAR, bajo la guía de ingenieros de petróleos, ambientales, etc. Pero en particular fortalecer una entidad en herramientas tecnológicas que faciliten la auditoria concomitante con minería de datos, seguimiento satelital a procesos de obras civiles y en general facilitar la trazabilidad y detección de los dineros, susceptibles de ser robados por empresas macrocriminales dedicadas al asalto del erario público.

Además de lo anterior y en términos generales, esta reforma revive la función de advertencia, otorga la facultad a la CGR de suspender funcionarios, incorpora facultades de policía judicial, establece control preferente y concurrente en la vigilancia y auditoria de todos los recursos públicos del país, lo cual no es otra cosa que la potestad que tendrá el Contralor General de la República de inspeccionar el manejo de todos los recursos en cualquier municipio o departamento de Colombia, y no esperar a la solicitud de un control excepcional o a que las desprestigiadas contralorías territoriales actúen.

Esta reforma de manera transitoria, obliga a las asambleas y concejos en el país a elegir por una sola vez y para un periodo de dos años a los próximos contralores territoriales, con el fin de que el periodo de ellos no siga concurriendo con el de alcaldes y gobernadores o las corporaciones que los eligen, promoviendo así cierta independencia. En pocas palabras las próximas asambleas y concejos tendrán la única oportunidad de elegir contralores territoriales en dos ocasiones, el primero por mandato de la transitoriedad de la reforma constitucional, y el segundo, terminado el periodo de dos años, por un periodo similar al actual, pero sin la concurrencia de periodos ya mencionada.

Por ultimo amplia el periodo del auditor General de la Republica, pasando de dos a cuatro años, y eleva los requisitos para ser elegido en este cargo, bajo la idea de que, a mayores poderes de la CGR, el organismo encargado de vigilarlo deberá tener mayor continuidad en su línea de trabajo (Ahora si será un cargo atractivo).

Alguien afirmó que ante el desprestigio de las altas cortes (el Gobierno de la rama Judicial), y la impopularidad del ejecutivo y el legislativo, pasaremos a un gobierno de los organismos de control.

En particular la CGR tendrá el enorme reto de presentar más pronto que tarde resultados contundentes de su lucha contra la corrupción. No habrá duda que, en cabeza del actual Contralor, el Doctor Carlos Felipe Córdoba se verán prontos y estruendosos resultados, que propiciarán de la pluma y las voces de los opinadores nacionales, una inminente postulación de este como candidato presidencial. Que mejor para la centro derecha del país que un candidato capaz no solo de quitarle el discurso de la lucha contra la corrupción a la izquierda, sino que haya sido capaz de mostrar efectos reales contra este flagelo.

Por último y ante el fortalecimiento de la CGR, de ahora en adelante será esta sin lugar a dudas la elección más importante en cabeza del Congreso, pero además será la más disputada y por la que se deberá alquilar balcón.

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