Opinion

COJEANDO

Por: Hernando Arango Monedero, empresario, ingeniero y abogado. Se desempeñó como Representante a la Cámara, Alcalde de Manizales y Director General del SENA.

19 julio 2019

Definitivamente, los colombianos tenemos la Justicia que nos merecemos. Bástenos mirar cómo proceden nuestros jueces, desde los más altos magistrados hasta el más humilde juez promiscuo municipal del más apartado rincón de nuestra patria.

Sí! Tenemos la justicia que merecemos, pues mientras criticamos a los jueces por no actuar de manera drástica frente a los que día a día atormentan la vida del colombiano que cae bajo las garras de la caterva de miserables que han tomado por oficio asaltar, robar, atracar y hasta matar, nada hacemos para dotar a la Justicia con los medios expeditos y el personal debidamente calificado para actuar.

Y de esa manera, unos y otros, todos, pasamos de agache ante la proliferación de la ocurrencia de delitos y la inusitada cauda de personajes que reinciden en los mismos procederes. Y, por más que nos aterra escuchar que un sujeto ha sido detenido 20 y hasta 30 veces por robo de celulares o de cualquier otro objeto, para luego salir nuevamente a las calles a repetir su delito. Para ellos no es problema, a sabiendas de que, si acaso, esa noche la pasará en una celda detenido, porque al día siguiente estará libre de nuevo y dedicado a su actividad, a su lucrativa actividad. Así, con el sistema actual, en nada ayudamos a la Justicia ni facilitamos su acción.

Sí, la verdad es que gran parte de la facilidad que se da por parte de los jueces a los delincuentes, para retornar a las calles, es el hacinamiento que tenemos en los centros de reclusión, cosa que obliga a no enviar a más personas a esos lugares. Otra cosa sería si pudiéramos tener lugares adecuados para ello, dada la falta de recursos disponibles y los costos de construir más reclusorios. Y frente a tales limitaciones que podemos hacer?

A sabiendas de que los dogmáticos caerán sobre mí, me atrevo a decir que en nuestros códigos debemos volver al régimen de la imposición adicional en la pena, los “trabajos forzados” que, en función del respeto a los derechos humanos de aquellos que no respetan los derechos humanos de los demás, esos trabajos forzados se eliminaron en épocas pasadas. Así, mediante el castigo que se impone al delincuente de privación de la libertad, al agregar los trabajos forzados, se puede obligar a los reclusos a trabajar en el mejoramiento de las cárceles y en su ampliación. De esta manera, los costos se rebajarán sustancialmente al contar con mano de obra gratis y el ocio dejará de ser el caldo de cultivo para que, los que lleguen a pagar una condena, no vayan sólo a perfeccionar las tácticas mediante las cuales perfeccionan su metodología delincuencial y que aplicarán una vez vuelvan a la vida en libertad.

El grillete al tobillo, la pica en las manos, la pala y el palustre ante la obra, será una forma adicional de castigo, a la par que les será fórmula para adquirir destrezas que al futuro les permitirá a los convictos trabajar como seres útiles a la sociedad una vez recuperen su libertad. Años hace, era de común ocurrencia ver a los presos trabajar en las calles realizando obras de importancia para la ciudad, cosa que, como inicialmente dije, eran trabajos forzados, nada inhumano, pero si productivo y que de una u otra forma resarce a la sociedad por el daño que el condenado le hizo.

Y no sobra establecer que, al reincidente en el delito, ese que hoy es aprehendido a cada día por su mal actuar, de oficio, se le condene, sin más, a pasar unos meses, digamos un año, tras las rejas, cosa que les alejará de lo que hoy se da de pasar un día detenido, a lo sumo dos, y luego regresar a sus andanzas.

Será posible?

Manizales, julio 19 de 2019.

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