Corrupción

Por: Michael Andrés Corrales Buitrago – Trabajador social.

Ya son 216 años del primer grito de independencia en Colombia. Para ese entonces, ciertas prácticas de privilegio y apropiación del poder surgieron a raíz de que algunos criollos vieron en la debilidad de la Corona española una oportunidad para tomar el control del gobierno. Esto ayuda a entender algunos de los problemas posteriores relacionados con la corrupción, el clientelismo y la concentración del poder.

El nepotismo ha sido una de las prácticas más recurrentes entre ciertos sectores de la clase dirigente colombiana. En las aulas de los colegios más privilegiados se forman los hijos de quienes históricamente han ostentado el poder, y muchos de ellos terminan reproduciendo un modelo que ha permitido que los mismos de siempre continúen ocupando los espacios de decisión. O, como se les ha llamado últimamente, los “NUNCA”.

Lo más preocupante no es que las personas quieran conservar sus privilegios; después de todo, ¿quién, en sus cinco sentidos, quisiera perder lo que tiene en lugar de ganar más? Lo realmente preocupante es que existan quienes aplauden y defienden estas prácticas aun cuando no hacen parte de la famosa “rosca”.

Revisemos algunos ejemplos recientes. En los nombramientos del gabinete y de altos cargos del Gobierno Nacional se han presentado decisiones que han generado cuestionamientos. Está el caso de Yoly Beatriz Illidge, relacionada familiarmente con el presidente y designada en la Superintendencia de Notariado y Registro. También está el caso de Jaime Andrés Beltrán, cuyo nombre ha generado controversia por las investigaciones y cuestionamientos relacionados con su gestión como alcalde de Bucaramanga. Su designación permite preguntarnos hasta qué punto los antecedentes y las investigaciones que recaen sobre un funcionario deberían influir en su acceso a cargos públicos de alta responsabilidad.

También está el caso de Lina Garrido, designada en la Agencia Nacional de Tierras, cuyo nombramiento ha sido cuestionado por sectores que consideran que no contaba con la experiencia suficiente para ocupar el cargo. Sin embargo, su trayectoria política y sus vínculos con determinados sectores le habrían permitido llegar a una posición de poder después de no alcanzar una curul en el Senado de la República.

Y así podríamos construir una larga lista de personajes cuestionados que hoy hacen parte del Gobierno del señor De la Espriella, pese a que durante la campaña se prometió gobernar con quienes históricamente no habían tenido acceso al poder.

Esto nos lleva a una conclusión preocupante: en Colombia, el problema de la corrupción es estructural. Se reproduce una y otra vez bajo diferentes gobiernos, porque mientras unos protegen sus privilegios, otros terminan protegiendo a quienes los poseen.

Cuando alguien decide levantar la mano y cuestionar estas prácticas, rápidamente se le tilda de guerrillero, subversivo, castrochavista, etcétera. Pero cabe preguntarnos: ¿hasta cuándo, como colombianos, tendremos que soportar que nuestros dirigentes traten a la ciudadanía como si fuera menor de edad, como si solo la clase política tradicional supiera qué es lo mejor para el país?

Aquí no se respetan las posiciones diferentes, pero sí parece existir una preocupante tolerancia frente a la corrupción. Quizá esa expresión que conocemos como “malicia indígena” también haya sido utilizada para justificar comportamientos que, desde los pequeños escenarios de nuestra vida cotidiana, terminan reproduciendo prácticas corruptas: creer que somos más astutos que los demás, buscar siempre la manera de sacar ventaja y pensar que las normas existen para los otros, pero no para nosotros.

Señores, debemos abrir los ojos. Se vienen tiempos difíciles: fenómenos climáticos cada vez más fuertes, crisis económicas y decisiones políticas internacionales que pueden tener repercusiones en nuestra economía y en nuestra vida cotidiana. Para enfrentar esos desafíos, lo primero que necesitamos es elegir gobernantes que no se cieguen con el poder, que entiendan que gobernar no significa servirse del Estado y que pongan el interés colectivo por encima de sus intereses particulares.

Porque cuando el poder se convierte en un mecanismo para beneficiar a unos pocos, lo que se reparte no es bienestar: se reparte pobreza y se perpetúa la desigualdad.

Colombia merece algo diferente.