Por: Antonio Corrales Giraldo.
El desastre ocasionado en Colombia por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, sumado a las dificultades que ya venía enfrentando el sector agropecuario —fenómeno de El Niño, elevados costos de producción, revaluación del peso y bajos precios de los productos—, ha profundizado la crisis económica en la región afectada por la tragedia, que comprende 476 municipios de 16 departamentos.
Frente a esta situación, el Gobierno Nacional y las autoridades financieras han dispuesto medidas especiales para facilitar el acceso al crédito de los damnificados y apoyar la recuperación de viviendas, establecimientos comerciales, infraestructura productiva y cultivos.
Por supuesto, estas medidas son necesarias y bienvenidas. Sin embargo, hay un problema que puede convertirse en una barrera invisible para miles de personas que necesitan urgentemente recursos para reconstruir sus vidas: el historial crediticio.
Existen damnificados que hoy se encuentran al día con sus obligaciones bancarias, pero que, por diferentes circunstancias, en algún momento no pudieron pagar oportunamente sus créditos. Esa situación produjo reportes negativos en las centrales de información crediticia y, aunque posteriormente hayan normalizado sus obligaciones, el antecedente puede convertirse en un obstáculo para acceder nuevamente al sistema financiero.
Y aquí aparece una paradoja: personas que hoy están cumpliendo con sus obligaciones pueden quedar excluidas precisamente cuando más necesitan del crédito para reconstruir sus viviendas, recuperar sus negocios o volver a poner a producir sus tierras.
La reconstrucción económica no puede hacerse solamente con cemento, maquinaria y obras de infraestructura. También requiere reconstruir la confianza financiera de los damnificados.
Por eso, considero necesario hacer un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que estudie la posibilidad de establecer, dentro del denominado “Plan Milagro” para la reconstrucción, una medida extraordinaria que podría denominarse amnistía crediticia o “borrón y cuenta nueva” para las personas afectadas por el terremoto.
La propuesta sería dirigida exclusivamente a quienes puedan demostrar que fueron afectados por el desastre y que, a la fecha de aplicación de la medida, hayan normalizado y estén al día con sus obligaciones financieras.
No se trataría de regalar las deudas ni de desconocer las obligaciones adquiridas. Tampoco de premiar al moroso. Se trataría de dar una segunda oportunidad financiera a quien ya cumplió, permitiéndole recuperar su posibilidad de acceder al crédito formal.
Una medida de esta naturaleza podría convertirse en una herramienta poderosa para la reactivación económica de los municipios afectados.
Un comerciante que perdió su negocio necesita crédito para volver a comprar mercancía. Un agricultor necesita recursos para recuperar sus cultivos. Una familia necesita financiación para reparar su vivienda. Un pequeño empresario necesita capital de trabajo para volver a contratar empleados.
Pero si todos ellos encuentran cerrada la puerta del sistema financiero debido a un reporte negativo del pasado, ¿cómo podrán participar plenamente en la reconstrucción?
La reconstrucción debe devolverles no solamente una vivienda, una carretera o una unidad productiva, sino también la posibilidad de volver a ser sujetos de crédito.
Por eso, el Gobierno Nacional debería estudiar con la Superintendencia Financiera, las entidades financieras y las centrales de información crediticia un mecanismo excepcional, temporal y focalizado que permita limpiar el historial de quienes fueron damnificados, ya pagaron sus obligaciones y cumplen las condiciones que determine la ley.
Sería, en esencia, un verdadero borrón y cuenta nueva financiero.
Porque después de una tragedia de semejante magnitud no basta con reconstruir lo que destruyó el terremoto. También hay que remover aquellas barreras que impiden que las familias, los comerciantes y los productores puedan levantarse nuevamente.
Si el propósito del “Plan Milagro” es reconstruir la región afectada, la recuperación financiera de sus habitantes debe ser parte fundamental de ese milagro.
Una segunda oportunidad para quienes ya cumplieron con sus obligaciones podría significar, para miles de damnificados, algo tan importante como volver a abrir la puerta de un banco: la posibilidad de volver a empezar.
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