Por: Michael Andrés Corrales Buitrago – Trabajador social.
¿Tiene sentido que después de más de cincuenta años de guerra contra las drogas sigamos esperando resultados diferentes? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos antes de abordar el debate sobre la legalización del cannabis.
El cannabis es una planta de uso ancestral cultivada desde hace aproximadamente 10.000 años. Originaria de Asia Central, fue utilizada con fines medicinales, textiles, alimenticios y espirituales. En la India adquirió un carácter sagrado al emplearse en ceremonias religiosas y prácticas de meditación, mientras que durante la época colonial el cáñamo fue ampliamente utilizado para fabricar cuerdas, velas y papel.
Aunque su consumo recreativo existía desde siglos atrás, fue durante las décadas de 1960 y 1970 cuando se popularizó en Occidente gracias al movimiento hippie y la contracultura. En plena Guerra Fría, muchos jóvenes lo convirtieron en un símbolo de rechazo a la guerra, de defensa de las libertades individuales y de crítica al modelo político y cultural dominante.
Colombia no fue ajena a este fenómeno. Durante los años setenta, la bonanza marimbera convirtió a la Sierra Nevada de Santa Marta en uno de los principales centros de producción. En ese contexto, el presidente Alfonso López Michelsen fue uno de los primeros mandatarios en cuestionar el enfoque de la guerra contra las drogas y planteó que una regulación internacional, acompañada de políticas de prevención, podía ser más efectiva que perseguir únicamente la oferta. Sin embargo, ese debate no prosperó.
Cinco décadas después, los resultados invitan a una reflexión. El cannabis continúa siendo la droga ilícita más consumida del mundo, la producción de cocaína alcanza niveles históricos y países como Colombia han pagado un enorme costo humano. La pregunta es inevitable: ¿ha fracasado el prohibicionismo o simplemente nunca atacó las causas estructurales del problema?
Uno de los mayores efectos del prohibicionismo ha sido la criminalización del consumidor. Con frecuencia se asume que quien consume cannabis es, por definición, un delincuente. Esa visión desconoce que detrás del consumo existen múltiples realidades sociales, económicas y psicológicas. Miles de consumidores estudian, trabajan, emprenden, forman una familia y aportan diariamente a la sociedad.
Una sociedad no debería definir a una persona únicamente por aquello que consume, sino por la forma en que vive, respeta a los demás y contribuye a su comunidad.
Aquí también aparece un debate moral. Nuestra sociedad suele juzgar con mayor severidad a quien consume cannabis que a quien, aun llevando una vida marcada por el irrespeto hacia los demás, cumple determinadas normas sociales o religiosas. Esa doble moral termina cerrando oportunidades y alimentando el estigma, cuando lo que debería promoverse es la inclusión y el acompañamiento.
El contraste con otras sustancias resulta llamativo. El tabaco provoca cerca de ocho millones de muertes al año y el alcohol alrededor de 2,6 millones. En contraste, no se han documentado muertes por sobredosis tóxica exclusivamente atribuibles al cannabis, aunque esto no significa que sea una sustancia inocua. Puede generar dependencia, afectar la memoria y ocasionar otros problemas de salud, especialmente cuando existe un consumo problemático.
Algo similar ocurre con el azúcar. Su consumo excesivo aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, ningún país ha optado por prohibirla; los Estados prefieren regularla, informar a la ciudadanía y recaudar impuestos. Entonces la pregunta no es por qué el alcohol, el tabaco o el azúcar son legales. La verdadera pregunta es por qué frente al cannabis la respuesta histórica ha sido la prohibición absoluta y no una regulación responsable.
El debate tampoco puede limitarse a la salud pública. Colombia posee condiciones privilegiadas para participar en un mercado legal que en 2024 alcanzó cerca de 69.700 millones de dólares. Una regulación adecuada podría generar empleo formal, fortalecer el campo, impulsar la investigación científica y recaudar recursos para salud, educación y programas sociales, en lugar de seguir dejando esas ganancias en manos del mercado ilegal.
Hoy cobra fuerza un enfoque conocido como reducción de riesgos y daños. Este parte de una realidad sencilla: el consumo existe y difícilmente desaparecerá. En lugar de concentrarse únicamente en el castigo, propone prevenir desde la evidencia científica, educar al consumidor, brindar atención a quienes desarrollen un consumo problemático, regular el mercado para debilitar las economías ilegales y respetar los derechos humanos.
En otras palabras, el prohibicionismo pretende construir una sociedad sin drogas. La reducción de riesgos y daños busca construir una sociedad con menos daños.
Defender la regulación del cannabis no significa promover su consumo ni desconocer sus riesgos. Significa reconocer que después de más de medio siglo de prohibición el problema continúa presente y preguntarnos si ha llegado el momento de cambiar la estrategia.
La discusión sobre el cannabis ya no debería dividirse entre quienes consumen y quiénes no. El verdadero debate consiste en decidir qué política protege mejor a la sociedad. Quizá el mayor acto de responsabilidad no sea seguir prohibiendo, sino construir una política de drogas basada en la evidencia científica, la salud pública, la regulación y los derechos humanos. Después de medio siglo de prohibición, tal vez ha llegado el momento de comprender que el verdadero enemigo nunca fue una planta, sino la incapacidad de construir una política de drogas basada en la evidencia, la dignidad humana y la justicia social.
Julio de 2026.
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