Por: Michael Andrés Corrales Buitrago – Trabajador social.
El actual Gobierno de la República llegó con una política de recorte al Estado con el fin de sanear las finanzas públicas y, aunque suene muy popular para algunos sectores del país, esto vale la pena analizarlo desde varios puntos.
El primero es la apuesta al recorte de los contratos por prestación de servicios, que tendría varias implicaciones. La primera es que la economía, en términos macroeconómicos, podría tener afectaciones directas. Su meta es reducir al 25 % los contratos por prestación de servicios personales que tiene el Estado colombiano actualmente. Esto se traduciría en que el restante 75 %, o sea, miles de personas y familias, quedarían sin un sustento económico, lo que reduciría el consumo interno del país, sin hablar de la crisis que podrían vivir todas estas personas.
Aunque el presidente diga que la idea es que pasen al sector privado todos estos trabajadores, la misma se cae por su propio peso. En agosto de este año, el desempleo se ubicaba en el 8,6 %, es decir, miles de colombianos aún estaban sin trabajo, y para agosto de 2026 esa cifra había subido al 9,4 %.
Si fuera cierto que las personas pueden pasar del sector público al privado tan fácilmente, como algunos sostienen, el desempleo debería estar disminuyendo y no aumentando. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario. Y aunque muchos no lo crean, esto nos afecta a todos. Menos personas trabajando significa menos ingresos en los hogares y, por tanto, menor capacidad de consumo. Esto termina afectando a las empresas, las fábricas y los pequeños negocios, que dependen de sus clientes para sostener sus ventas y mantener los empleos que generan. Porque no podemos olvidar que la economía funciona como una cadena: cuando una parte se debilita, las demás también pueden verse afectadas.
Sin contar que un Estado sin personas para atender sus oficinas es un Estado ineficiente, pues muchas veces quienes están al frente de la atención ciudadana son los contratistas. Si aún con los que existen actualmente algunos trámites son engorrosos, imagine el lector cómo sería si quienes atienden fueran tres veces menos que los actuales.
Ahora vayamos al tema de los recortes a instituciones como el SENA, la JEP, el Ministerio del Deporte y muchas más.
En el caso del SENA, la institución más querida de los colombianos, llegar a quedar con menos recursos tendría un impacto gigante en la formación de los trabajadores. Analicemos con cifras: entre 2022 y 2026 hubo 28,9 millones de matrículas en formación, lo que significa que muchos colombianos ven al SENA como una posibilidad de cualificarse e insertarse en el mundo laboral.
En este sentido, existe un 58 % de vinculación laboral formal de los egresados certificados en el segundo semestre de 2025, lo que indica que no solo forma, sino que también conecta con las empresas. Por otro lado, gestionó 2,2 millones de colocaciones laborales a través de la Agencia Pública de Empleo, lo que refuerza su importancia, no solo desde la formación. También impulsó, a través del capital semilla, 1.575 nuevos emprendimientos, sin hablar de los apoyos socioeconómicos que les brinda a los aprendices para su sostenimiento durante la formación.
Lo que evidenciamos es que, si se recorta el gasto del Estado, se recortan derechos de los colombianos. En el SENA se pierden oportunidades laborales, de formación y de emprendimiento.
En la JEP se pierde la posibilidad de seguir trabajando en la construcción de verdad y reparación que, aunque a muchos les parezcan insuficientes, ha ayudado a 296 familias a encontrar a sus seres queridos y ha permitido la exhumación de 108 cuerpos. Esto brinda tranquilidad a miles de personas que también recibieron acompañamiento psicosocial para realizar los procesos de duelo que tanto se habían postergado.
Quienes no han sufrido vejámenes pueden considerar estos avances insuficientes, pero la reparación siempre es importante para las víctimas.
En el caso del Ministerio del Deporte, se pierde la oportunidad de que muchos jóvenes en nuestro país puedan apostarle al deporte como opción de vida, como buen uso del tiempo libre o como un espacio que les permita tener una vida más saludable, puesto que no todos tienen la posibilidad de pagar para participar en diferentes escenarios deportivos. Si se le apuesta al deporte, se le apuesta al desarrollo social de miles de colombianos. El recorte podría afectar todos estos beneficios sociales, y claramente los mayores damnificados serían la clase trabajadora.
Y un último punto serían los impuestos, pues la apuesta está en recortar impuestos al patrimonio, debido a que la tesis que manejan es que estos generan empleos. Pero, si les recortan más impuestos a los empresarios, ¿quiénes pagarán ese hueco fiscal que quedaría? Claramente, la misma clase trabajadora, que somos la mayoría de colombianos. Y peor aún: habría que pagarlo con unas tasas de desempleo que todo parece indicar que solo crecerán y crecerán de aquí a mucho tiempo.
Entonces, la pregunta es: ¿usted, lector, cree que el recorte de verdad ayudaría a que el costo de vida, que en últimas es lo que a cada uno de nosotros nos importa, disminuya o, al contrario, se vuelva más costoso?
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