Por: Daniel Moreno Verhagen – Asuntos públicos y empresariales
Lo que el presupuesto de 2027 les enseña a empresarios y juntas directivas
Un amigo empresario, hacedor de grandes negocios, me lo dijo sin anestesia: “Los abogados no deberían existir. Solo sirven para atravesarse”. Le pregunté por qué. “Porque uno arma el negocio, lo deja listo, y cuando llega a los abogados empiezan: que esta cláusula, que esa garantía, que ese plazo. Ustedes no hacen negocios, los dañan”.
Mi amigo estaba equivocado. Esas observaciones no le estaban dañando el negocio, le estaban cuidando la plata, la suya y la de su empresa. Los términos y condiciones no están en un contrato por azar del destino, ni para firmarlos sin leer. Cada cláusula es una pregunta incómoda que alguien se atrevió a hacer antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué pasa si el otro no paga? ¿Quién responde si todo sale mal? ¿Qué estamos firmando, realmente?
Pienso en él cada vez que alguien me dice que lo importante es el fondo y no la forma. ¿Cuántos empresarios, familiares y amigos, están hoy peleando por acuerdos y actas que nadie revisó a tiempo?
Hace unos días escribí aquí sobre el poder de la influencia. Esta semana el Congreso nos mostró su límite: se puede ganar la discusión y aun así perder la decisión. En la madrugada del 20 de octubre, tras horas de negociación, se aprobó el Presupuesto General de 2027 por $634,9 billones. Pero el artículo 65 quedó en dos versiones, porque la Cámara lo votó con una proposición y el Senado sin ella. No hubo tiempo de conciliar, ya que el plazo vencía ese mismo día. El resultado es que el presupuesto saldrá por decreto con el texto de primer debate, y los ajustes negociados en las plenarias se perdieron.
Para rematar, el artículo 65 trataba sobre coberturas de riesgo petrolero y cambiario. Cabe preguntarse quién estaba cubriendo el riesgo del trámite. Tampoco es la primera vez: el presupuesto de 2025 también salió por decreto, con otro gobierno y por otras razones. En dos de los últimos tres años, la ley más importante del país se definió en el despacho presidencial y no en el Capitolio. ¿Es eso un detalle técnico o una alerta institucional?
No escribo esto para buscar culpables, porque ese debate ya tiene suficientes voces. Me interesa la lección, porque la veo repetirse a pequeña escala en las empresas y juntas directivas. Hay asambleas que aprueban decisiones importantes sin verificar los estatutos o el quórum. Hay actas que se firman semanas después y no reflejan lo que se votó, reformas estatutarias que nadie registra y contratos negociados durante meses que se firman con una versión distinta de la acordada. ¿Le suena? En todos esos casos el acuerdo existió. Lo que falló fue la forma de dejarlo en firme. Y cuando llega el conflicto, sea un socio inconforme, una auditoría o un juez, la forma es lo único que cuenta.
Tres reglas sencillas evitarían buena parte de esos líos. La primera es que alguien responda por el procedimiento y no solo por el resultado, porque todos quieren ganar la votación pero casi nadie verifica que sea válida. La segunda es revisar la versión final antes de cerrar y no después: leerla toma minutos, y corregir un vicio puede tomar años. La tercera es no dejar que el afán sirva de excusa, porque muchas de las peores decisiones empresariales se toman a altas horas de la noche.
Algún día le contaré esta historia a mi amigo. En el Capitolio, a las tres de la mañana, faltó justo eso: alguien que se atravesara y dijera “un momento, este artículo no es el mismo”. Faltó uno de esos abogados que, según él, no deberían existir.
La influencia sirve para llegar a un acuerdo, y el procedimiento sirve para que ese acuerdo exista. En derecho, las formas importan. Esta semana, $634,9 billones nos lo recordaron.
