Por: Octavio Cardona León – Representante a la Cámara.
En Colombia ha estallado una indignación cíclica tras conocerse las imágenes de una celebración en el centro penitenciario de Itagüí. Licor, música en vivo y lujos que insultan a un país que asume que la cárcel es un lugar diseñado para lo contrario: restringir, sancionar y, fundamentalmente, transformar. Pero el escándalo de la fiesta es apenas el síntoma.
El verdadero problema no es la celebración; es la infraestructura de la impunidad que la hizo posible. Lo de Itagüí no es un hecho aislado, sino la prueba de que el sistema penitenciario ha renunciado a su función estatal. Hoy, las cárceles en Colombia no están desconectadas del crimen; se han transformado en sus sucursales.
Las cifras son proyectiles contra la gestión pública: según el INPEC, se incautan más de 20.000 celulares al año en las prisiones. Aun así, la extorsión no se detiene. Esto demuestra que las paredes de la cárcel no son fronteras para el delito, sino escudos que protegen a las estructuras criminales mientras siguen operando.
Teóricamente, la cárcel tiene tres pilares: castigar, proteger y rehabilitar. En la realidad colombiana, no se cumple ninguno. No hay castigo, porque el dinero compra privilegios que anulan la pena. No hay protección, porque las órdenes de asesinato y extorsión siguen saliendo por los mismos portones. Y no hay rehabilitación, porque no puede haber transformación en un ecosistema donde la ley del más fuerte sigue siendo la única norma vigente.
Estas situaciones lujosas, para una cárcel, plantean una pregunta que el Gobierno no ha podido responder: ¿Quién ejerce realmente la soberanía dentro de esos muros?
El problema no es solo ético; es una falla estructural de seguridad nacional. El Estado parece haber caído en una permisividad resignada, conviviendo con el delito incluso en los espacios donde debería contenerlo. Existe una verdad incómoda que no se soluciona con comunicados de prensa ni con relevos de funcionarios: si el Estado no es capaz de garantizar el orden en un espacio cerrado y vigilado, ¿Cómo puede pretender recuperarlo en las calles?
El debate no puede agotarse en el morbo de la fiesta. Debe ir al fondo: a la cooptación del sistema, a la falta de control tecnológico real y a una reforma que no sea otro maquillaje. De lo contrario, seguiremos pagando con nuestros impuestos las vacaciones de quienes deberían estar pagando su deuda con la sociedad.
Manizales, abril de 2026.
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