Por: Octavio Cardona León – Representante a la Cámara.
Hay decisiones del Estado que deberían corregir injusticias, no crearlas. El impuesto más importante para sostener las finanzas de los municipios en Colombia es, sin duda, el predial. Durante años se ha dicho que existe un rezago en los avalúos catastrales: propiedades que en el papel valen muy poco, pero que en la realidad valen mucho más.
Para corregir ese atraso, el Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 49, con el que facultó al IGAC para hacer una actualización masiva de los avalúos en todo el país. La intención: acercar los valores catastrales a la realidad económica, corregir inequidades y mejorar la planeación del territorio.
Hasta ahí, suena razonable. El problema no es el qué. Es el cómo.
El IGAC, en cumplimiento de esa norma, expidió la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, donde se establecieron los nuevos valores. Y es ahí donde aparecen cifras que no resisten explicación lógica.
Por ejemplo, en Saravena, Arauca:
– Zona 17: incremento de 1.528.855%
– Zona 18: incremento de 2.505.119%
Traducido a un lenguaje sencillo: una propiedad que valía $ 10 millones de pesos, en el papel ahora pasaría a valer más de $ 152.885.000.000 en zona 17 e incluso $ 250.511.900.000 en la 18.
Sí, leyó bien. Casos similares aparecen en municipios como Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Manatí y Suan, con incrementos superiores al 300.000%. Es decir, una propiedad que valía 1.000 pesos pasaría a valer más de $300 millones.
Y en Caldas, las cifras tampoco son menores, hay municipios, como los que les mencionaré a continuación, que tienen zonas geoeconómicas con aumentos de hasta:
– Aguadas: 2.209%
– Aranzázu: 2.087%
– Belalcázar: 2.735%
– Neira: 17.259%
– Villamaría: 1.748%
Pero hay un caso que resulta sencillamente aterrador: La Dorada, con zonas geoeconómicas con un incremento de 383.236%. En términos simples, una propiedad de $10 millones pasaría a valer cerca de $38.000 millones de pesos.
Esto no es una actualización. Es una distorsión. Porque el problema no es solo el número en el papel. El problema es lo que ese número genera: impuestos impagables, ciudadanos obligados a declarar renta por un patrimonio que no es real, escrituras que terminan valiendo más que el mismo mercado inmobiliario.
Y lo más preocupante: los alcaldes no pueden hacer nada. Esta no es una decisión local, es una obligación nacional. No aplicarla podría incluso constituir un delito. Aquí no hay margen de maniobra.
Por eso no es válido trasladar la responsabilidad a los mandatarios territoriales cuando la decisión viene desde el nivel central.
Lo que está pasando hoy en Colombia es absurdo: personas que se acostaron con una realidad económica y amanecieron con otra completamente distinta solo en el papel.
Porque nadie se volvió millonario de la noche a la mañana, pero sí pueden volverse deudores del Estado sin tener cómo responder.
Este tipo de medidas, que en teoría buscan corregir inequidades, terminan generando nuevas injusticias si no se hacen con rigor técnico, gradualidad y sentido de realidad.
Porque una cosa es actualizar.
Y otra muy distinta es desbordar. Es un golpe directo al bolsillo de millones de colombianos. Y por eso hay que dar el debate, con cifras, con claridad y con responsabilidad.
Manizales, abril de 2026.
Recommended for you
