Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
Los hechos ocurridos en los últimos días donde se combinan el poder, la política y el dinero, tomando la categoría de escándalo político donde son acusados funcionarios de la confianza presidencial, de realizar prácticas ilegales, o pocos éticas, con un manejo originalmente doméstico y en secreto, para convertirse en un asunto de estado, con cuestionamientos de todo orden por los partidos de oposición, como de algunos medios independientes, generando unos efectos negativos para el gobierno, aunado al bajo respaldo en las recientes encuestas que paralizan la acción del gobierno, circunstancias estas consideradas por el ejecutivo como una especie de conspiración en su contra, conducen a plantearnos ciertas reflexiones.
Lo lamentable de estos episodios es la indiferencia ciudadana con raras excepciones, que parece haberse acostumbrado a convivir dentro del escándalo y la corrupción estatal, que ha permeado todas las capas sociales, el dinero fácil, la coima, las denuncias que en principio originan titulares de prensa y de TV, amplios espacios de los noticieros matutinos, pero con el trascurso del tiempo se van desvaneciendo, como seguramente ocurrirá con este incidente con muchas preguntas por resolver, donde no se conocerá la real verdad de lo ocurrido entre la funcionaria mano derecha del presidente y el cuestionado embajador ampliamente conocido en los estrados judiciales.
Ojalá se le diera la verdadera dimensión a lo que debe entenderse por escándalo político, que consiste en la reacción social que provoca el conocimiento público de unas conductas reprochables, desviadas respecto de la norma legal y moral, practicadas por unos agentes que desempeñan un papel de importancia en el engranaje gubernamental, que debe ocasionar la indignación ética, fuera de lo político, ante el abuso de poder o la violación a la confianza depositada por su superior jerárquico.
En nuestro país no pasará de ser un escándalo más, sumado a los centenares ocurridos en el pasado, donde las palabras “honestidad “, “transparencia”, pareciera fueron borradas de los diccionarios.
Valdría la pena recordar a Rousseau cuando afirmaba “que no nos debe extrañar que los líderes abusen de sus facultades si no se sienten controlados por los otros poderes. Solo un contrapoder balancea un poder, para que esto ocurra, junto con la separación de poderes públicos, se requiere de una ciudadanía activa que fiscalice políticamente al poder”.
¿Será que esta concepción política opera en Colombia? Que sean los amables lectores los que respondan este interrogante.
ADENDA: La imparcialidad oficial fundamental en la lucha de los partidos y movimientos políticos por obtener el favor popular, imponiéndose el principio de la total y absoluta neutralidad, en el sentido que no se podrá utilizar el gobierno, el presupuesto de la nación, los vehículos oficiales, el empleo indebido de la imagen presidencial y ministerial en propaganda electoral.
Ha llegado el momento de jugar limpio, que lo que ayer fue posible, no tiene por qué dejar de serlo, en horas como las de hoy; los certámenes electorales deben estar alejados de la violencia y el fraude, de la compra de votos, la trashumancia, jurados de votación debidamente seleccionados, libres de las luchas partidistas.
Se olvidaba, transparencia en los resultados por parte de la Registraduría, para que no se reviva el famoso proverbio popular, “quien escruta, elige.”
Adenda dos. Desde un despacho ministerial, con la ayuda de una integrante del Consejo nacional electoral del pacto histórico, con ponencia en mano se pretendía intervenir en decisiones internas de la colectividad como factura de cobro por las posiciones del partido liberal frente a las reformas del gobierno con trámite tortuoso en el Congreso.
Hasta donde llegan las mañas del gobierno del cambio.
Entenderán que significa el término imparcialidad oficial ?
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