Cuando comencé a escribir para Tintiando.com, la segunda de mis columnas se tituló: Las Mujeres que muchos no ven, haciendo referencia a las personas privadas de la libertad que no cuentan con buenos procesos de resocialización y que aún teniéndolos, la sociedad las discrimina por haber pagado una condena o cárcel siendo inocentes.
El pasado 30 de marzo de 2022, el Congreso de la República de Colombia le dio vía libre y aprobó la Ley de Segundas Oportunidades, una iniciativa que tiene dentro de sus impulsoras a la Fundación Acción Interna a través de su representante Johana Bahamón; aún falta la sanción presidencial, pero es un buen comienzo hacia la reinserción social. Esta ley busca crear beneficios tributarios y económicos para las empresas que contraten población pospenada. Se tiene previsto que esta ley beneficie a cerca de 97.000 personas que se encuentran privadas de la libertad.
Se ha dado a conocer que la ley fija que, si la contratación de trabajadores que hayan cumplido su condena representa el 1 % de la nómina, la empresa solo pagará el 80 % del valor total de los aportes parafiscales en el primer año gravable, mientras que en el segundo será del 90 %. Si la contratación representa el 5 %, la empresa solo pagará el 60 % en el primer año gravable y el 80 % en el segundo. Si la contratación representa el 10 %, el primer año pagará el 40 % y el segundo el 70 %. Si representa el 15 %, el primer año girará el 20 % y el segundo el 60 % por cada empleado nuevo contratado.
Dentro de las limitaciones que contempla la Ley es que las empresas deberán ser de aquellas que tienen una nómina de más de 100 trabajadores y contempla beneficios adicionales si al menos el 60% de los contratados pospenados son mujeres. Incluso se tiene previsto que, si estas personas quieren aspirar a cargos públicos por concurso de méritos, se propuso que las entidades estatales puedan incluir en la calificación el 0,5 % del total de los puntos por esta condición.
Creo que ha empezado el camino de reivindicación con una población que siempre olvidamos, a quienes calificamos como lo peor de la sociedad, a quienes nos cuesta darles oportunidades laborales y máxime cuando nos enteramos que estuvieron privados de la libertad.
Con toda seguridad queda un camino largo por recorrer, porque no es solo la aprobación y promulgación de la ley, es la interiorización de los empresarios para que brinden esas oportunidades y de quienes logran tenerla para que la aprovechen y verdaderamente busquen mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Ahora, es importante que en los centros penitenciarios de manera permanente se adelanten verdaderos procesos de resocialización, es que no puede seguirse calificando ésta si la persona tiene mala o buena conducta y que ésta dependa solo de si es una persona que peleo con otra al interior del penal.
La verdadera resocialización comienza con brindar el mínimo de educación y formación laboral que requiere una persona para enfrentar su vida al salir de la cárcel. ¿Realmente conocemos qué procesos de éstos manejan los establecimientos carcelarios de nuestro departamento de Caldas?
* Por: Cristina Otálvaro Idárraga-Abogada; Conciliadora en Derecho; Especialista en Gestión Pública, en Derecho Constitucional y Parlamentario y Derecho de Familia; Magister en Políticas Públicas.
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