Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
La sensación de inseguridad se percibe hoy en los grandes centros urbanos con mayor grado en Bogotá donde pareciera estar ausente una política de seguridad integral que se refleje en las calles, en los barrios, centros comerciales, zonas de gran afluencia ciudadana, a la seguridad misma con la que debe contar cualquier persona que habite el territorio colombiano, que pueda recibir el apoyo que necesita por parte de las autoridades para efectos de garantizarle el cumplimiento de la ley, como la ejecución de sus plenos derechos.
Estas circunstancias no se aprecian en los momentos actuales, todo centrado en la situación jurídica de un expresidente, en la descabellada propuesta de aumentar el número de senadores, como el interminable tema del acuerdo de paz, que ha polarizado a la sociedad o lo que es más grave, la ha radicalizado.
Se podría exponer muchas razones por las cuales se han configurado estos fenómenos de zozobra en el diario vivir, la ausencia de políticas coherentes tanto del gobierno central como distrital, más dedicados al protagonismo mediático, quien gasta más presupuesto en publicidad oficial para medir la popularidad o aceptación en la gestión de gobierno.
Se plantea lo anterior sin caer en la desesperanza de millones de bogotanos que observan con perplejidad como las bandas delincuenciales, como la indigencia, se toman sus barrios, avenidas, imponen su ley, ante la nula acción de las autoridades policivas, con respuestas evasivas o manejo distorsionado de las estadísticas de orden púbico, estando obligados a recuperar la confianza perdida ante la opinión pública por todos los hechos protagónicos a que se ha visto sometida la institución en los días anteriores.
No se puede permitir llegar a los extremos de la ANOMIA institucional, que no es más que el caos social, donde campea la impunidad, con unos efectos nocivos para la credibilidad ciudadana en las instituciones.
Adenda: Se habla de crisis económica, déficit fiscal millonario, endeudamiento externo, la imperiosa necesidad de una reforma tributaria estructural donde más colombianos contribuyan con el pago de impuestos en un país que mira con asombro como unos pocos han atracado a los colombianos, denuncias que no han prosperado por la laxitud de un sistema judicial, o por el poder económico de los cacos. Que ha pasado con los casos de: Chambacú, Folconpuertos, Dragacol, CAJANAL, Agro Ingreso Seguro, Carrusel – alcaldía Bogotá, Dirección Nacional de Estupefacientes “DNE”, SaludCoop, Caprecom, DIAN, Interbolsa, Reficar, Odebrecht, Coljuegos, El Guavio, Chilajara, Hidroituango Túnel de la Línea, Ruta del Sol, Universidad Distrital, y otros desfalcos más, que suman millonarias cuantías alrededor de 2 o más reformas tributarias que bien podrían estar beneficiando sectores marginales de población ausentes de los planes de desarrollo social.
¿Qué respuesta tendrá la Fiscalía, como los jueces que por competencia debieron conocer de estos procesos?
Seguramente ninguna.
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