Opinion

DE DEFENSAS TORPES

Por: Hernando Arango Monedero, Ingeniero y abogado, empresario, exrepresentante a la cámara, exalcalde de Manizales y Director General del SENA.

01 marzo 2019

En la defensa de determinados bienes comunes, los colombianos tenemos expertos que bien merecen un premio especial de los que entregan cada año en Noruega o en Estocolmo. La verdad es que por allá no le paran bolas a este tipo de actividades que se dan entre nosotros, pero que bien valen la pena resaltar. Veamos:

Se envía como es de ley, para revisión y sanción, al Presidente de la República, el texto de una ley que ha sido aprobada por el Congreso. Es necesario leer bien y detenidamente: Se envía al Presidente el texto para su revisión y sanción. A poco de ser enviado el texto al Presidente, saltaron como resortes los defensores de lo que en manos del Presidente está, y desde ahora lanzaron la “extraordinaria” idea de realizar una consulta a los ciudadanos en las próximas elecciones de octubre, consulta en la cual se preguntará: ¿Quiere la guerra o la paz? De esta consulta, se ha de desprender lo que todo el mundo supone que se desprenderá. Vaya! El “gran filósofo”” popular, Pambelé, creador de este tipo de cuestionamientos para el desarrollo de la personalidad, lanzó su axioma relacionado con el bienestar individual al sentenciar: “Es mejor ser rico que pobre”. A esta sentencia hay que agregar la que sus seguidores unos años después lanzaron y ratificaron mediante la pregunta en las urnas: “Cree usted que hay que acabar con la corrupción, ¿Si o No?”. Ahora, vuelven a la carga con esta que es el sumun del intelecto filosofal del momento, pregunta que se hará en octubre: “¿Quiere usted la guerra o la paz? Como puede verse, se requiere de una gran inventiva, una gran dosis de creatividad, un ingenio superlativo para estructurar este cuestionamiento, que en ciertas mentes es un gran dilema. Dilema similar al del Hamlet de Shakespere, el Bardo de Avon: “Ser o no ser”.

Pero si con esto llueve, en otros lares no escampa. Es conocido por todos, y supongo yo que por quienes ostentan la dignidad de Magistrados de la Corte Constitucional, que las relaciones exteriores del país son de manejo exclusivo del Presidente de la República. Esta precisión la hago para destacar lo que, en la prensa nacional, tan acuciosos los periodistas ellos, ha pasado por alto. Se trata de que la Sala Plena de la Corte Constitucional citó a los embajadores de Israel y Palestina para tratar lo relacionado con el tratado de libre comercio que Colombia aprobó en el Congreso con el Estado de Israel. Y a todas estas: ¿Como por qué la Corte llama a los representantes de esos países? Nada podrían agregar ni los representantes de esas naciones, ni los magistrados, como quiera que a ellos sólo les concierne que los acuerdos hayan llenado los requisitos exigidos. Nada más.

Y como perla, hay que agregar que en el estudio de la ley estatutaria de la JEP, el magistrado ponente, el señor Lizarazo, fue asesor y partícipe en las conversaciones de la habana con las FARC, y ahora creador de las modificaciones que a ese estatuto se le hicieron en una clara invasión del ámbito Legislativo, cosa que no le es dable hacer el poder Judicial. De allí las observaciones del Fiscal General al tal Estatuto. Y el magistrado Lizarazo nada dijo de lo que es a todas luces un impedimento de marca mayor. Esta es demostración de que nuestras cortes andan mal, muy mal y nuestros magistrados poco entienden de ética y de la dignidad de la que se les ha investido.

Pero si la Corte se ha metido en los terrenos del Presidente al llamar a los embajadores de unos países para examinar un tratado de libre comercio, el Procurador no lo hace en menos. A raíz del cotarro anticipado que se ha hecho a cerca de lo que presumen hará el Presidente con el Estatuto de la JEP, el Procurador llamó a una reunión de embajadores de distintos países para hacer la defensa del tal Estatuto. ¿Acaso esa no es una injerencia indebida en los asuntos internacionales de parte del Procurador? Pero: ¿Y al Procurador quien lo ronda?

Y, para terminar, que tal la jauría que se ha montado para investigar, multar, sancionar, meter a la cárcel o lo que sea, contra quienes han estado en contacto, directo o indirecto, de pensamiento, palabra, obra u omisión con Hidroituango. Jauría constituida por la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Fiscalía, la ANLA, el ministerio de Minas, el de Medio Ambiente, el de Obras y cuanta entidad crea que conoce, supone o cree que allí, en la obra, puede opinar o inferir un daño, cuestionamiento o mejor idea sobre el tema, en donde cada uno de nosotros, expertos como los más en temas de Hidráulica o Centrales, tenemos algo importante para decir. ¿No será suficiente con que una entidad investigue y entregue conclusiones?

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