Se las mira con sospecha, sobre todo cuando ejecutan regalías. Pero su origen está en la Constitución y en la ley, y su vigencia también. Lo que exigen es el cumplimiento riguroso de los principios de la función pública.
Por Jesús David Londoño Bedoya, PhD. Abogado, Doctor en Derecho (Universidad Carlos III de Madrid).
Hay palabras que en el gasto público despiertan sospecha antes de que alguien lea el contrato. «Mixta» es una de ellas. Un alcalde que propone una sociedad con capital público y privado, un ordenador del gasto, un auditor y un ciudadano que lee la noticia se pueden hacer la misma pregunta: ¿esto es legal? La respuesta es sí, y con una base más sólida de lo que el ruido reciente deja ver.
En los últimos años han circulado iniciativas de reforma legislativa para restringir estas figuras, sobre todo cuando ejecutan regalías, y en los últimos meses se sumaron pronunciamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente [CCE], Concepto C-417, 2026), de la Procuraduría General de la Nación (Circular 001, 2026) y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Concepto 2563, 2026). La incomodidad viene casi siempre del régimen de contratación: entidades que seleccionan con procedimientos cercanos al derecho privado desconciertan a quien espera ver el Estatuto General en cada expediente. Ese régimen, sin embargo, lo dispuso el legislador, y eso cambia la discusión.
Un poco de historia
El artículo 5 del Decreto 3130 de 1968 se ocupó de las fundaciones o instituciones de utilidad común puramente privadas, nacidas de la iniciativa particular. Las que ya existían, creadas por la ley o con su autorización, quedaron según el artículo 7 como establecimientos públicos, sujetos a las normas previstas para estos con las particularidades de sus actos de creación. Ocho años después, el artículo 6 del Decreto 130 de 1976 dio un paso más y previó las corporaciones y fundaciones de participación mixta: personas jurídicas creadas para fines de interés público o social, sin ánimo de lucro, con recursos o participación de entidades públicas y de particulares, sometidas a las normas del Código Civil.
La Constitución de 1991 incorporó un lineamiento nuevo sobre los aportes públicos a los particulares, el del artículo 355, que obligó a revisar la figura. En la Sentencia C-372 de 1994 (25 de agosto, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo 6, al considerar que un aporte público a una persona de derecho privado, sin control fiscal, se parecía demasiado al auxilio que prohíbe el artículo 355 de la Constitución. Tres magistrados salvaron su voto. El 10 de noviembre del mismo año, la Sentencia C-506 les dio buena parte de la razón: declaró exequibles las expresiones acusadas de los artículos 1, 3 y 5 del Decreto 393 de 1991, que permite a la Nación y a sus entidades asociarse con particulares para actividades científicas y tecnológicas, y afirmó que estas personas sin ánimo de lucro con aportes estatales no son por sí mismas un traslado de recursos públicos a particulares. La puerta quedó abierta, con la condición de que exista fundamento constitucional y un régimen legal definido.
Luego vino la Ley 489 de 1998. Su artículo 121 derogó, en especial, los decretos-ley 1050 y 3130 de 1968 y el 130 de 1976, pero el artículo 96 conservó la idea con mejores garantías: las entidades estatales pueden asociarse con particulares mediante convenios de asociación o creando personas jurídicas, con observancia de los principios del artículo 209 constitucional, y los convenios se celebran conforme al artículo 355. La Sala de Consulta la leyó como habilitación para constituir asociaciones y fundaciones con particulares (Concepto 1844, 2007). Por eso las entidades sin ánimo de lucro mixtas no desaparecieron: subsisten las creadas antes de la C-372, las reguladas por leyes especiales, las del Decreto 393 de 1991 y las que hoy se constituyen con el artículo 96.
Lo que dicen la Constitución y la ley sobre las sociedades
Las sociedades de economía mixta tienen anclaje constitucional directo. Al Congreso le corresponde crearlas o autorizar su constitución (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 150, num. 7), y a las asambleas departamentales y a los concejos municipales, autorizarlas en su nivel (arts. 300, num. 7, y 313, num. 6). El artículo 210 las ubica en el sector descentralizado por servicios, con sujeción a los principios de la actividad administrativa. La Ley 489 las enumera entre las entidades descentralizadas (art. 68) y las define como sociedades comerciales con aportes estatales y capital privado que desarrollan actividades industriales o comerciales conforme al derecho privado, salvo excepción legal (art. 97). Si el aporte público alcanza el noventa por ciento, su régimen y el de sus servidores es el de las empresas industriales y comerciales del Estado (art. 97, par.). La Ley 80 de 1993 las llama entidades estatales cuando la participación pública supera el cincuenta por ciento (art. 2), y la Corte ha reconocido su naturaleza especial (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-736, 2007).
Falta el punto que más inquieta. El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, somete al Estatuto General a las sociedades con participación estatal superior al cincuenta por ciento, salvo las que desarrollan actividades comerciales en competencia o en mercados regulados, que se rigen por las normas de su actividad económica. La Ley 2195 de 2022 reiteró la distinción al exceptuarlas, en su giro ordinario, de los documentos tipo (art. 56, par.). Cuando el legislador restringe, lo dice: el artículo 2 de la Ley 1150, por ejemplo, excluye de la contratación directa interadministrativa los contratos de obra y suministro, entre otros, cuando son ejecutores las sociedades de economía mixta con participación mayoritaria del Estado o las entidades sin ánimo de lucro formadas por entidades públicas. El mismo literal regula el régimen exceptuado: cuando el de la entidad ejecutora no es el de la Ley 80, la ejecución del contrato interadministrativo queda en todo caso sometida a esa ley, salvo que la ejecutora actúe en competencia con el sector privado o que el contrato tenga relación directa con el desarrollo de su actividad (Ley 1150, 2007, art. 2, num. 4, lit. c, mod. Ley 1474, 2011, art. 92). El régimen contractual de estas entidades es entonces una decisión legislativa, con sus excepciones y límites escritos, y no una laguna que alguien haya aprovechado.
Cuando no hay acciones: la naturaleza de corporaciones y fundaciones
El artículo 2 de la Ley 80 llama entidades estatales a las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al cincuenta por ciento y a «las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten» (Ley 80, 1993, art. 2, num. 1, lit. a). En una sociedad la cuenta es aritmética: hay aportes, capital dividido en acciones y una proporción que se lee en el libro de accionistas (Ley 489, 1998, art. 97). Una corporación o fundación funciona de otro modo. El Código Civil las trata como personas jurídicas distintas de sus miembros, deja fuera de ese título a las sociedades industriales y dispone que lo que pertenece a la corporación no pertenece, en todo ni en parte, a ninguno de sus individuos (Código Civil, arts. 633, 635 y 637). Allí no hay acciones ni capital por repartir.
¿Cómo se mide entonces la participación pública mayoritaria? Se mide en los derechos de participación que cada entidad define en sus estatutos. Esos derechos se adquieren con un aporte o con el cumplimiento de una obligación de dar o de hacer, y los fija el acto constitutivo o el órgano de mayor jerarquía, sea asamblea general, consejo directivo o junta directiva. En una entidad mixta de este tipo los derechos se cuentan de uno en uno, miembro por miembro, de modo que el dinero aportado no siempre refleja el peso de cada quien. Pesa la calidad del sujeto que participa. Y tiene respaldo en la ley: el Estatuto clasifica a la entidad por quienes la conforman, y la lectura de lo interadministrativo sigue un criterio orgánico, el de la calidad de los sujetos (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-671, 2015; CCE, Concepto C-697, 2024).
De esa calidad depende la naturaleza. Si los miembros públicos reúnen la mayoría de los derechos de participación, la entidad queda dentro del artículo 2 y aplica el Estatuto General. Si la mayoría está en manos de particulares, o las partes pesan por igual, conserva su carácter privado, aunque responde por los recursos públicos que reciba ante el control fiscal (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 267).
Lo que un territorio puede ganar
Los beneficios son notorios. Un bien fiscal subutilizado, aportado en especie, se vuelve capital productivo sin gastar un peso de caja. Un socio con experiencia técnica o con recursos suma capacidad sin quitarle el control al ente público, que conserva la mayoría. La estructuración y ejecución de proyectos gana agilidad, porque los tiempos de respuesta bajan y los procedimientos de vinculación se acortan sin salir de los principios de la función administrativa. La entidad puede prestar servicios técnicos a otros municipios y a terceros, generar ingresos propios y, con el tiempo, dividendos. Y el territorio recibe empleo formal local y demanda para sus proveedores, lo que dinamiza la economía de un municipio donde cada contrato pesa. Todo encaja con la función municipal de promover alianzas público-privadas (Ley 136, 1994, art. 3, mod. Ley 1551, 2012, art. 6).
Las entidades sin ánimo de lucro mixtas tienen otra utilidad. Sientan en una misma mesa, con órganos de dirección integrados por representantes públicos y particulares, a quienes comparten un fin de interés común, como la ciencia, la cultura, la innovación, el bienestar social o el cuidado del ambiente. El acto constitutivo debe precisar los objetivos y su conexidad con las funciones públicas, los aportes, la duración y las causales de disolución (Ley 489, 1998, art. 96).
Vigentes, y con los principios por delante
Defender la vigencia de estas entidades es también una invitación a ejercerla bien, y ahí está su mejor argumento. Las sociedades que invocan el artículo 14 tienen la oportunidad de demostrar, con estudio de mercado, que actúan en competencia o en un mercado regulado y que lo contratado es su giro ordinario. Un manual de contratación que incorpore en la práctica la igualdad, la transparencia, la selección objetiva y la publicidad, junto con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, es su mejor carta de presentación (Ley 1150, 2007, art. 13; Constitución Política de Colombia, 1991, art. 209). Publicar la actividad contractual (Ley 1712, 2014) y abrirse al control fiscal fortalece la confianza, y escoger a los socios privados por convocatoria pública, con estudios previos que justifiquen el porcentaje de participación, responde por adelantado a la sospecha. A las entidades sin ánimo de lucro mixtas les cabe el mismo llamado: aportes con fundamento en el artículo 355, estatutos claros y rendición de cuentas. Cuando estos principios se cumplen de verdad, la figura se defiende sola.
Quizá la pregunta útil no sea si estas entidades deben existir, que la Constitución y la ley ya respondieron, sino cómo se las vigila para que cumplan la promesa que las justifica. ¿Controlaremos el procedimiento o la sustancia? ¿Le pediremos a la entidad mixta lo mismo que a cualquier otra, es decir, resultados verificables, o la condenaremos por su forma antes de ver lo que hace? Quienes necesitan ejecutar y quienes necesitan ver cómo se ejecuta merecen una respuesta que no dependa de la sospecha.














