El 31 de octubre de 2026, a un año exacto de las elecciones territoriales, se abrió el tiempo para recoger apoyos ciudadanos. La inscripción por firmas es una salida legítima frente a los partidos, y exige más calendario del que muchos aspirantes suponen.
Por Jesús David Londoño Bedoya, PhD. Abogado, Doctor en Derecho (Universidad Carlos III de Madrid).
El 28 de octubre la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución 12338, con el calendario de las elecciones territoriales del 31 de octubre de 2027, en las que se votará por gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2026). La primera casilla del cronograma ya está corriendo: desde el 31 de octubre de 2026 se registran los comités que inscriben candidaturas de grupos significativos de ciudadanos y empieza la recolección de apoyos. Para quien ve en los partidos una camisa de fuerza, con sus avales, sus consultas y sus coaliciones, la firma ciudadana suena a liberación. Creo que lo es, pero con una condición: esa libertad se paga en tiempo.
El punto de partida es constitucional. Todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido y a constituir partidos y movimientos políticos (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 40). La Ley Estatutaria 1475 de 2011 convierte ese derecho en procedimiento: los partidos con personería inscriben candidatos escogidos por métodos democráticos, y los grupos significativos de ciudadanos lo hacen por medio de un comité de tres personas (Ley 1475, 2011, art. 28). La Corte Constitucional, al revisar en 1994 el estatuto de los partidos, observó que en esta materia la Constitución consagra un «régimen diferencial» para los grupos significativos de ciudadanos (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-089, 1994), y la Ley 1475, por ser estatutaria, pasó por su control antes de entrar en vigor (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-490, 2011).
La ley que funciona como un reloj
Quien abra la Ley 1475 buscando solo reglas de partidos se llevará una sorpresa: buena parte de su texto es un calendario. La inscripción de candidatos dura un mes y empieza cuatro meses antes de la votación (art. 30). Después hay cinco días hábiles para modificarla por falta de aceptación o renuncia (art. 31), y dos días calendario más tarde se publican los inscritos y se remiten a los organismos que certifican inhabilidades (art. 33). La inscripción de cédulas por cambio de domicilio abre un año antes de la elección (art. 49). La Resolución 12338 traduce todo eso en fechas: la inscripción abre el 30 de junio de 2027 y cierra el 31 de julio, las modificaciones por renuncia o falta de aceptación vencen el 6 de agosto, y los cambios por revocatoria o inhabilidad sobreviniente llegan hasta el 30 de septiembre (RNEC, 2026).
Por eso la ley importa tanto para 2027. Las etapas son preclusivas, como lo dice la propia resolución: lo que no se cumple en su fecha se pierde.
Lo que exige firmar por cuenta propia
El primer requisito se cumple antes de recoger la primera firma. El comité de tres ciudadanos debe registrarse ante la autoridad electoral cuando menos un mes antes del cierre de la inscripción y, en todo caso, antes de empezar la recolección; sus nombres y los de los candidatos deben figurar en el formulario de apoyos (Ley 1475, 2011, art. 28). La resolución fija el 30 de junio de 2027 como último día para ese registro. El segundo requisito son las firmas: un número igual o superior al veinte por ciento del resultado de dividir el censo electoral de la circunscripción entre los cargos por proveer, sin exceder cincuenta mil (Ley 130, 1994, art. 9). Para una alcaldía o una gobernación el divisor es uno, de modo que en un municipio con diez mil votantes serían dos mil firmas.
A las firmas se suma la garantía. Al inscribirse debe constituirse una póliza de seriedad, cuyo valor fija el Consejo Nacional Electoral, sin pasar del uno por ciento del fondo de financiación de partidos del año (Ley 130, 1994, art. 9), y que se hace efectiva si la candidatura no alcanza la votación para la reposición de gastos; en 2023 fue desde 10 salarios mínimos para alcaldías de censo pequeño hasta 150 para las más grandes (Consejo Nacional Electoral, Resolución 0674, 2023). Los valores de 2027 habrá que verificarlos. Los grupos pueden recaudar contribuciones y hacer gastos desde seis meses antes de la votación, es decir, desde finales de abril de 2027, y pueden solicitar hasta el 80 % de anticipo de la financiación estatal, respaldado por esa garantía (Ley 1475, 2011, arts. 22 y 34).
Partido o firmas: una comparación sin romanticismo
Los partidos no son solo trabas. Un partido con personería puede inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y aporta una organización ya hecha; a cambio, sus candidatos deben salir de procedimientos democráticos según los estatutos (Ley 1475, 2011, art. 28). Las listas con cinco o más curules deben incluir al menos un 30 % de uno de los géneros, y desde 2026 las de menos de cinco deben llevar al menos una mujer (Ley 1475, 2011, art. 28, modificado por la Ley 2424 de 2024).
Muchos aspirantes desean el aval de un partido, y es comprensible. Pero la ley pone ese aval en manos del propio partido, que verifica las calidades del candidato y lo escoge según sus estatutos (Ley 1475, 2011, art. 28), y esa decisión suele depender de una persona con dignidad política o del colectivo que integra la dirección, nacional o territorial. Es una decisión mayormente política y puede no ser favorable al ciudadano que aspira, aunque tenga arraigo y propuesta. Creo que ahí la inscripción por firmas, con todos sus requisitos, demuestra su valor: la decisión de postular queda en manos de quienes firman y no de quien reparte los avales. Hay una advertencia de calendario: quien participa como precandidato en una consulta y la pierde queda inhabilitado para inscribirse por otra organización en el mismo proceso electoral (Ley 1475, 2011, art. 7), así que conviene elegir el camino antes de entrar a ella.
Si la Constitución trata de forma diferente a los partidos y a los grupos, la pregunta de fondo es si el equilibrio resultante es justo. El partido aporta organización y responde por sus directivos (Ley 1475, 2011, arts. 8 y 9); el grupo aporta firmas y una garantía económica. Ninguno sale con ventaja absoluta, y cada lector sacará su propia cuenta.
La vía de los grupos tiene una ventaja que casi nadie menciona: no cierra la puerta a las alianzas. Los partidos y los grupos significativos pueden coaligarse para inscribir un candidato único a cargos uninominales, y el acuerdo es vinculante, de modo que ni los partidos ni los promotores del grupo pueden apoyar a otro candidato (Ley 1475, 2011, art. 29). La firma puede ser, entonces, el punto de partida de una coalición y no necesariamente un camino en solitario.
El mejor argumento a favor de la firma es que obliga a probar apoyo social antes de la campaña: quien reúne miles de apoyos en nueve meses demuestra organización, y el ejercicio es en sí una forma de participación. El argumento en contra es que una firma no es un voto, y que recogerlas compite con el trabajo y la preparación del candidato. Para un servidor público que aspire, ese reloj convive con otro: el 31 de octubre de 2026 también empieza el año de las inhabilidades por autoridad y por contratos (Ley 136, 1994, arts. 43 y 95).
Prudencia
Lo escrito no es un concepto para una candidatura concreta. La verificación de firmas y los formularios siguen reglas que desarrollan el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, y el calendario puede ajustarse por nuevas normas. Quien aspire debe leer el texto vigente y consultar la Registraduría de su municipio antes de imprimir el primer formulario.
Más que una conclusión dejo dos preguntas. ¿Cuántas aspiraciones valiosas se deciden en un despacho y no en una plaza? ¿Y está el ciudadano dispuesto a invertir nueve meses para demostrar que su candidatura existe antes de que empiece la campaña? La Ley 1475 es el reloj que organiza estas elecciones, y la candidatura por firmas es una salida real de los partidos, no un atajo: se parece más a una maratón que a una carrera de cien metros.














