Por: Antonio Corrales Giraldo.
La importancia del sector agropecuario en Caldas es incuestionable. Las cifras así lo demuestran: el departamento cuenta con aproximadamente 140.000 hectáreas dedicadas a la agricultura, que generan, según las cifras aquí consideradas, 170.000 empleos directos al año. En un departamento con 1.051.287 habitantes, de acuerdo con el DANE, estas cifras reflejan la importancia de las actividades agropecuarias para la economía y el empleo regional.
Además, se afirma que este sector representa el 18 % del valor agregado bruto departamental y participa con el 47 % del total de las exportaciones caldenses, según información atribuida a Planeación Departamental. Estas cifras, permiten dimensionar el peso económico del campo en Caldas.
Sin lugar a dudas, el sector agropecuario se ha consolidado como un motor clave del desarrollo económico departamental y como un pilar fundamental de nuestra estructura productiva y social. No solamente genera empleo e ingresos y dinamiza la economía, sino que también produce alimentos, crea oportunidades para las familias rurales, contribuye a reducir la pobreza y ayuda a construir condiciones de estabilidad y paz en el territorio.
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿ese protagonismo del campo se refleja realmente en las prioridades presupuestales del Gobierno de Caldas?
Para la vigencia de 2026, mediante la Ordenanza 1008, aprobada por la Asamblea Departamental, se fijó el presupuesto del departamento en aproximadamente 1,5 billones de pesos. De esa suma, se destinaron cerca de 6.000 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, equivalentes a tan solo el 0,4 % del presupuesto departamental.
Una cifra muy flaca que, a primera vista, no parece guardar proporción con la importancia económica y social del sector. Si el campo contribuye de manera significativa a la generación de empleo, a las exportaciones y al abastecimiento de alimentos, ¿cómo explicar una asignación presupuestal tan reducida para impulsar su desarrollo?
Tras de gordo, hinchado
Pero esto no termina aquí. Y ojalá mis preocupaciones resulten equivocadas.
Recientemente se anunció el nombramiento de Alejandra Osorio Ocampo, abogada, modelo y exseñora Colombia 2023-2024, como nueva secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Caldas. Su designación ha generado interrogantes sobre la experiencia y las competencias específicas con las que asumirá la dirección de un sector que exige conocimiento del territorio, comprensión de las dinámicas productivas, capacidad de gestión y articulación con los agricultores, los gremios y las instituciones.
Mi preocupación, como ingeniero agrónomo, agricultor y asesor técnico, no tiene que ver con su vida personal ni con sus actividades profesionales anteriores. Se centra en una pregunta legítima: ¿cuenta con la experiencia y el conocimiento necesarios para liderar una dependencia cuya responsabilidad es impulsar el desarrollo agropecuario de Caldas?
La agricultura no se administra únicamente desde un escritorio. Requiere conocer las dificultades de los productores, entender los costos de producción, promover la transferencia de tecnología, gestionar recursos, formular proyectos productivos y buscar soluciones a problemas como la variabilidad climática, la comercialización, la productividad y la rentabilidad del campo.
Cuando la dirección de una secretaría no cuenta con suficiente experiencia específica en el sector, resulta indispensable conformar un equipo técnico competente, con capacidad de decisión y conocimiento de las realidades rurales. De lo contrario, existe el riesgo de que la gestión pierda agilidad y que las respuestas a las necesidades de los productores se retrasen.
De otro lado, invito respetuosamente a los gremios agropecuarios de Caldas a pronunciarse sobre este nombramiento y, sobre todo, sobre las prioridades que deberá asumir la nueva administración. El sector necesita voces que defiendan sus intereses, exijan resultados y promuevan una política pública coherente con su importancia económica y social.
Como técnico, agricultor y representante de la sociedad civil, considero que las decisiones sobre la dirección de la política agropecuaria deben privilegiar las capacidades, la experiencia y el compromiso con el campo. Los acuerdos políticos pueden hacer parte de la dinámica de gobierno, pero no deberían estar por encima de las necesidades de los productores ni de los objetivos de desarrollo regional.
Con estos ingredientes, mi preocupación es que terminemos teniendo una Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural simbólica, con recursos insuficientes y limitada capacidad de respuesta frente a los enormes desafíos del campo caldense.
La pregunta final es inevitable: ¿podrá la nueva secretaria, con el presupuesto asignado y el equipo de trabajo que conforme, responder a las expectativas de nuestros agricultores e impulsar el desarrollo agropecuario del departamento?
El campo caldense necesita mucho más que buenas intenciones: requiere presupuesto, liderazgo, conocimiento técnico y resultados concretos.
Si el campo es uno de los motores de la economía de Caldas, ¿por qué parece ocupar un lugar tan pequeño en las prioridades de su Gobierno?
Amanecerá y veremos.













