EDITORIAL
El pasado miércoles se conoció la medida provisional decretada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá dentro de la acción de tutela presentada por el representante a la Cámara, Santiago Osorio. En la decisión se ordena a la Presidencia de la República retirar temporalmente de sus redes sociales los videos en los que aparece el presidente Abelardo de La Espriella caminando entre cadáveres de operativos militares.
Los videos cuestionados son los publicados el 2 y el 4 de septiembre de 2026 sobre las operaciones militares “Azarías” en el Guaviare y “Centinela de la patria” en La Guajira. La tutela busca proteger la integridad psicológica y personal de niños, niñas y adolescentes ante la exposición a material explícito o violento.
Esta es una más de las decisiones judiciales difíciles de entender, no tienen sentido. El contenido cuestionado fue reproducido por todos los medios de comunicación importantes del país, lo mismo que por los principales internacionales. Entonces, ¿qué objetivo tiene ordenar a la Presidencia de la República su retiro si ya está difundido y permanece en todos los medios de comunicación escritos y digitales, y redes sociales?
Por ello esta tutela no pasará de ser un tema mediático porque el show macabro continuará. La cultura de la muerte se impone en las acciones militares sin importar si son niños o ya está rendido el enemigo. Lo importante es mostrar bolsas blancas como trofeos de guerra. Es la deshumanización del conflicto.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) prohíbe explícitamente exhibir, posar o utilizar cadáveres de combatientes como trofeos de guerra o herramientas de propaganda porque vulnera las leyes internacionales y la dignidad humana, la cual no expira con la muerte.
El artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra prohíbe de forma estricta los “ultrajes a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”. La jurisprudencia de los tribunales internacionales determina que fotografiar, filmar o posar junto a cadáveres deshumaniza a las víctimas y constituye una humillación directa tanto para el fallecido como para sus familiares.
El uso de restos humanos en videos, fotos de carácter militar o declaraciones oficiales se califica como maltrato e irrespeto al cuerpo. Por ello la Defensoría del Pueblo recordó que el Estado no debe «convertir la muerte en una demostración de poder» ni igualar la crueldad de las bandas criminales.
Cuando se acaba el respeto a la dignidad humana, se acaba el Estado de derecho.
Manizales, septiembre 13 de 2026.















