Por: Michael Andrés Corrales Buitrago – Trabajador social.
Muchos preferirían en nuestro país un presidente que se doblegara ante cualquier capricho del imperio, como ha ocurrido durante años con buena parte de nuestra vieja clase política. Bajo la excusa de que Estados Unidos es nuestro mayor aliado económico y militar, permitimos durante décadas que hiciera y deshiciera en nuestro territorio. Un claro ejemplo fue el Plan Colombia, que implicó una enorme inversión en políticas de seguridad alineadas, en gran medida, con los intereses de Washington.
El 3 de enero de 2026, el ejército estadounidense ingresó al territorio venezolano, pasando por encima de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente del Artículo 2, párrafo 4, que establece: “Todos los Miembros se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado…”. Pocos imaginaban que Donald Trump se atrevería a un movimiento de esa magnitud. Este hecho enciende una alarma: el presidente del país más poderoso del mundo actúa con una imprevisibilidad que pone en riesgo el orden internacional.
Y aunque he sido crítico de Nicolás Maduro —a quien considero un gobernante autoritario—, ningún Estado extranjero tiene derecho a intervenir militarmente en otro país. Que, bajo la acusación de un supuesto cartel del narcotráfico, se pretenda justificar una violación abierta del derecho internacional es profundamente preocupante. El precedente es peligroso: basta señalar a alguien como enemigo para actuar sin límites, mientras sectores de la extrema derecha aplauden sin comprender que ese mismo poder puede volverse contra cualquiera.
Desde el primer momento, el presidente Gustavo Petro condenó esta violación de los acuerdos internacionales. Posteriormente, Trump llegó incluso a lanzar amenazas contra Colombia, respaldadas por algunos dirigentes políticos locales que celebraron esas declaraciones con preocupante ligereza. Sin embargo, cuando muchos apostaban por una escalada de tensión diplomática, el gobierno colombiano sorprendió con una jugada política inteligente: el 7 de enero de 2026 se convocó una gran movilización social, que incluso bajo la lluvia tuvo participación significativa en ciudades como Manizales. Ese mismo día se abrió un canal de diálogo directo con el gobierno estadounidense.
En una conversación de aproximadamente una hora, se logró una comunicación firme pero diplomática. Petro defendió las posiciones de Colombia, Trump escuchó, y ambos acordaron avanzar en un encuentro para febrero con el objetivo de restablecer las relaciones. La diplomacia demostró ser más eficaz que la confrontación estéril. Sin necesidad de arrodillarse, el gobierno desactivó narrativas alarmistas y cerró el camino a especulaciones sobre eventuales intervenciones.
Para la oposición queda una lección clara de dignidad política y de responsabilidad institucional: un jefe de Estado debe anteponer los intereses de su nación por encima de cualquier alineamiento externo. También queda en evidencia que la izquierda colombiana ha consolidado una verdadera vocación de gobierno. Aunque muchos den por agotado este proyecto político, fue este proceso el que amplió el espectro democrático y permitió que hoy existan alternativas reales para la clase trabajadora, los barrios populares, la economía popular, los adultos mayores y los jóvenes que luchan por estudiar y salir adelante. Desde 2022, Colombia cambió, y ese cambio no tiene marcha atrás.
Manizales, enero de 2026.
Recommended for you
