Por: Michael Andrés Corrales Buitrago – Trabajador social.
Pareciera que en Colombia nos hubiéramos acostumbrado tanto a la injusticia que, cuando alguien habla de derechos y dignidad, termina incomodando. Durante gran parte de nuestra historia, el país ha sido gobernado por élites políticas y económicas que han administrado el poder de espaldas a la mayoría de la población. Solo hasta 2022 se produjo una alternancia que abrió la puerta a discusiones que durante décadas fueron aplazadas o negadas.
El modelo político colombiano ha concentrado simbólicamente la responsabilidad en la figura presidencial, ocultando el papel determinante que juegan el Congreso y los grandes poderes económicos en la toma de decisiones. Así, se personalizan los problemas estructurales y se evita discutir las verdaderas causas de la desigualdad.
Hoy Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El World Inequality Report 2026 lo confirma: el 10 % más rico concentra cerca del 71 % de la riqueza nacional, mientras que el 50 % más pobre apenas accede al 2,2 %. No se trata de una desigualdad coyuntural, sino profunda y estructural, que atraviesa generaciones y territorios.
En este contexto surge una apuesta política que reivindica algo fundamental y, paradójicamente, olvidado: la dignidad. Hablar de dignidad incomoda porque implica cuestionar privilegios y ponerse del lado de quienes históricamente han sostenido el país con su trabajo. Defender un salario digno para la clase trabajadora no es un capricho ideológico, es una necesidad social. Lo afirmo no solo desde el análisis, sino desde la experiencia: pertenezco a esa mayoría trabajadora que ha vivido las consecuencias de un modelo que produce riqueza, pero la concentra en pocas manos.
Mientras tanto, desde espacios de comodidad y poder, algunos sectores discuten si un trabajador “merece” unos pesos más, mientras acumulan fortunas difíciles de dimensionar y trasladan capitales a paraísos fiscales. Esa evasión no es una anécdota: es dinero que deja de invertirse en educación, salud y oportunidades para millones de colombianos.
La discusión se vuelve aún más dura cuando se habla de los adultos mayores. Programas como Colombia Mayor han sido blanco de ataques injustos. Se cuestiona que personas que trabajaron toda su vida, pero no pudieron cotizar una pensión, reciban un apoyo básico para subsistir. Se les llama “vividores” desde la comodidad, sin comprender la realidad de quienes hoy dependen de esa ayuda para vivir con un mínimo de dignidad.
En lo personal, la educación pública fue la herramienta que me permitió formarme y construir proyecto de vida. Programas como Renta Joven no generaron dependencia; fueron un impulso real para salir adelante. Lo público, cuando se orienta al bienestar colectivo, no es un gasto: es una inversión social con efectos transformadores.
En vísperas de Navidad y Año Nuevo, el deseo para Colombia en 2026 es claro: más justicia social, más empatía y más dignidad. Es momento de reconocer el lugar que ocupamos como sociedad, de ponernos del lado de nuestros abuelos, de los jóvenes que estudian en instituciones públicas y de las comunidades que históricamente han sido olvidadas.
La justicia social no será posible sin empatía. El empresariado debe ceder, el Estado debe garantizar derechos y el pueblo debe alzar la voz. Generar empresa y empleo es fundamental, pero debe ir acompañado de salarios justos y condiciones dignas. No se trata de volver al pasado, sino de seguir avanzando hacia un futuro donde la política esté al servicio de quienes somos mayoría y no de unos pocos privilegiados.
Manizales, diciembre 27 de 2025.
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