POLITIZACIÓN

EDITORIAL

El pasado miércoles se eligió en el Senado de la República a Carlos Camargo Assis como Magistrado de la Corte Constitucional para reemplazar al jurista caldense, José Fernando Reyes Cuartas.

Camargo ganó con 62 votos frente a María Patricia Balanta Medina quien obtuvo 41. Jaime Humberto Tobar Ordóñez no tuvo ningún apoyo.

En los días previos a esta elección se vivió en el Senado lo mismo que se ha vuelto costumbre en las campañas políticas en el país: la calumnia, la mentira y la desinformación como instrumentos electorales para desprestigiar y deslegitimizar a un candidato. Esta vez la víctima fue la aspirante a esta magistratura, María Patricia Balanta Medina, quien fue descalificada por sectores de derecha y ultraderecha del Senado supuestamente por ser petrista, lo que ha sido desmentido por ella misma, por sus compañeros de trabajo y por quienes la conocen. No satisfechos con ello, también la demeritaron por ser afrodescendiente.

En su lugar, estos sectores reaccionarios pefirieron elegir a un político clientelista de profesión como lo es Carlos Camargo quien tiene serios cuestinamientos y mantos de duda sobre procederes anteriores, y con serios cuestinamientos éticos.

La Fiscalía General de la Nación investiga una denuncia presentada por el sindicato de la Defensoría del Pueblo según la cual Carlos Camargo cuando se desempeñó como defensor del pueblo, pudo haber aprovechado una plataforma comprada bajo su mandato para chuzar internamente a varios funcionarios críticos de su gestión.

También han sido reiterativas las denuncias sobre los nombramientos que Camargo hizo como Defensor del Pueblo de familiares de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la misma que lo incluyó en la terna para magistrado de la Corte Constitucional.

En la columna de la periodista Cecilia Orozco Tascón publicada en El Espectador la cual tituló: “Antes de la votación, el clientelista Camargo ya está elegido” denuncia cómo se violó el reglamento para la conformación de la terna e incluir a Carlos Camargo. También recuerda que, “juiciosas investigaciones periodísticas de la época, dicen que “26 de los 38 nombramientos directivos que ha hecho Carlos Camargo (en la Defensoría) son cuotas de los partidos que lo eligieron”. El título de esa información es ilustrativo de su personalidad: “El defensor agradece con puestos…”. En la lista directiva del entonces defensor y próximo magistrado había cuotas de su suegra, la exsenadora conservadora y madrina local, Nora García Burgos; de su cuñado, el exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda; de sus aliados de los clanes Char y Gerlein; y otros capos y madonas regionales como Dilian Francisca Toro y el condenado Juan Carlos Martínez, del Valle del Cauca” https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/antes-de-la-votacion-el-clientelista-camargo-ya-esta-elegido/

Lo sucedido con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional es una vergüenza y ratifica que los sectores derechistas del Congreso de la República, no tienen escrúpulos para elegir a lo peor y acuden a lo más bajo y ruin para sacar adelante sus propósitos. No eligieron a un verdadero jurista para que fuera guardían de la Constitucion Nacional, en su lugar lo hicieron con un politiquero clientelista con serios cuestionamientos penales, éticos y morales.

Con la elección de Camargo, empezó la politización de la Corte Constitucional que ha sido la encargada de brindarle a todos los colombianos las garantías consagradas en nuestra Carta Magna.

Una vez más se ratifica la urgente necesidad de quitarle al Congreso las funciones electorales que le permiten elegir al Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y los magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, además, de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto genera corrupción y clientelismo, además de contaminar a estas entidades de politiquería.

Una vez más queda corroborado que todo lo que toque el Congreso de la república, se corroe.

Manizales, septiembre 07 de 2025.