EDITORIAL
Las democracias tienen momentos históricos en los que por una decisión se pueden desestabilizar las instituciones. Ello sucedió en los últimos días en Colombia con la expedición por parte del gobierno nacional del decreto 0639 del 11 de junio de 2025 que convocaba a una consulta popular por la vía administrativa, lo que generó gran controversia jurídica sobre su legalidad y ajuste a lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Nacional.
Después de varias semanas de altercados entre el ejecutivo y el Senado de la República, el Presidente Petro optó por esta convocatoria trasladando la disputa al campo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Durante varios días estuvo en el ojo del huracán el caldense Hernán Penagos Giraldo, Registrador Nacional del Estado Civil, porque tenía la difícil decisión de dar inicio a la organización de la consulta popular, o aducir razones de peso para suspenderla en el tiempo. La posición que adoptara generaría gran controversia en el país, sería aplaudido por unos y condenado por otros.
Sin embargo, nos encontramos con un gran funcionario público como el Registrador Nacional, quien sin protagonismos, se tomó el tiempo necesario para asesorarse jurídicamente y asumir la posición que más beneficiara al país y evitara su desinstitucionalización. Su decisión de esperar que las Altas Cortes emitieran su concepto y se pronunciaran de fondo sobre la legalidad del decreto, fue la acertada de acuerdo con lo expresado por los más importantes constitucionalistas del país, y ratificada un día después por la Sección Quinta del Consejo de Estado al suspender como medida provisional los efectos de lo que se ha conocido como el “decretazo”.
Fue un actitud valiente y de mucho coraje la del registrador nacional en un momento de máxima polarización e incertidumbre en el país. Penagos mostró responsabilidad, seriedad, sólida formación académica, experiencia y sus dotes de estadista.
Con su posición, Penagos se convirtió en un guardian de la institucionalidad y supo mantener a la entidad que dirige al margen de los forcejeos de dos poderes públicos, cada uno tratando de imponer su voluntad.
Los ataques proferidos por el Presidente Petro y los Ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, contra el Registrador Nacional una vez se conoció su decisión y posición, lo engrandecieron porque con argumentos jurídicos y de carácter de organización y logístico, demostró la imposibilidad de realizar esta consulta en los términos y plazos previstos por el gobierno nacional.
Con respeto y firmeza, pidió al alto gobierno ceñirse estrictamente a la Constitución lo que es necesario para mantener la institucionalidad y el orden jurídico. Finalmente, el Presidente Petro anunció que derogaba el decreto justificando su reversazo en la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso.
Se mantuvo firme en que lo correcto era esperar que las altas cortes tomaran una decisión de fondo sobre la legalidad de la convocatoria a la consulta popular. El registrador también aseguró que ante controversias como esta que no tienen precedentes, lo correcto era acudir a las Cortes. De ahí la tascendencia e importancia de su decisión.
Con su posición, Hernán Penagos, ratificó la autonomía e independencia de la registraduría nacional, defendió la institucionalidad y la legalidad. Su decisión pasará a la historia política de Colombia y lo consolida como uno de los altos funcionarios del Estado con mayor criterio, capacidad y seriedad.
Manizales, junio 22 de 2025.














