EDITORIAL
Caldas, que durante años fue un símbolo de seguridad y convivencia en Colombia, enfrenta hoy una crisis que no podemos permitir que se profundice. Los recientes hechos de violencia, las contradicciones en los reportes oficiales y la inacción frente a las denuncias ciudadanas están erosionando la confianza en nuestras instituciones. Es momento de enfrentar esta realidad con seriedad y sin maquillajes que oculten la gravedad del problema.
El caso de La Dorada es una advertencia ineludible. El alcalde Fredy Saldaña ha expresado su preocupación por los seis homicidios ocurridos en lo que va del año, una cifra alarmante para un municipio que lucha por contener la criminalidad con recursos insuficientes. Este panorama no solo refleja la inseguridad en una zona específica, sino que es un síntoma de una problemática que afecta a todo el departamento.
En Riosucio, el empalamiento de un indígena desató alarma en la comunidad, aunque las autoridades locales afirmaron que se trató de un hecho aislado. Sin embargo, el personero municipal y varios campesinos han denunciado la presencia de grupos armados al margen de la ley, mientras las autoridades insisten en desmentir estos informes. El temor a denunciar es comprensible, pero inaceptable; cuando el miedo se convierte en norma, el tejido social comienza a desmoronarse.
Los graffitis del EPL y la quema de trapiches en Riosucio y Supía el año pasado no pueden ser ignorados como meros incidentes. Estos son signos de una amenaza latente que debe abordarse de forma contundente antes de que la situación se salga de control. ¿Cómo pueden los líderes sociales, concejales y diputados recorrer el departamento y cumplir con su labor si están amenazados de muerte o intimidados por grupos ilegales?
En Manizales, el quinto homicidio del año, registrado en el barrio Bajo Andes, deja un saldo de un muerto y tres heridos, reflejando cómo la violencia no es exclusiva de las zonas rurales. Mientras tanto, en Chinchiná, el consumo de sustancias psicoactivas entre menores convierte al municipio en un potencial epicentro del microtráfico. Estas problemáticas exigen una respuesta inmediata y efectiva que abarque tanto la prevención como la atención integral.
Incluso la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reconoció recientemente la gravedad de la situación de inseguridad en la que se encuentra el país, resaltando el temor constante de la ciudadanía. Esta declaración refleja que el problema no es exclusivo de Caldas, pero reafirma la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde.
Ante este panorama, la Asamblea Departamental de Caldas, con el voto unánime de los 14 diputados, ha citado a debate de control político para abordar la inseguridad que vive el territorio, proposición realizada por Jorge Hernán Aguirre. Las constantes denuncias ciudadanas y la solicitud de prudencia por parte de las autoridades al recorrer ciertas zonas muestran la magnitud del problema y la urgencia de buscar soluciones conjuntas.
Confiamos en el liderazgo del gobernador de Caldas para enfrentar este desafío. Su compromiso, junto al trabajo articulado entre las autoridades y la ciudadanía, será clave para devolver la tranquilidad al departamento. Es necesario fortalecer las instituciones, actuar con transparencia y tomar decisiones basadas en datos reales, no maquillados, que reflejen las verdaderas necesidades del territorio.
La inseguridad no puede ser enfrentada solo por el Estado. Denunciar actos delictivos, la presencia de grupos ilegales o actividades sospechosas es una responsabilidad compartida. No podemos permitir que el miedo nos paralice ni que la indiferencia prolongue esta crisis.
Caldas nos necesita a todos. Con el liderazgo del gobernador y la determinación de sus habitantes, podemos superar esta difícil coyuntura. Denunciemos, actuemos y trabajemos juntos para que Caldas recupere su esencia como un territorio seguro, donde la paz no sea un recuerdo, sino una realidad viva.
Actuar ahora o lamentar después. Que no nos silencie la inseguridad.
Manizales, febrero 9 de 2025.
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