Por: Mario Arias Gómez.
En la madrugada del lunes, 20 de mayo, reapareció violencia en Morales-Cauca, a pocos kilómetros de Popayán, el cruento terrorismo con toda su crudeza, estela de dolor, lágrimas, sangre, hambre, miseria, un cúmulo -además- de viudas, huérfanos y desplazados, dantesca escena producto del hostigamiento con explosivos y munición de grueso calibre, infierno provocado por la cuadrilla, Jaime Martínez, en simultánea con pueblos cercanos: Dagua, Suárez, Jambaló, cuando dos días antes -en la tarde del viernes-, la arremetida fue contra el municipio de Miranda, al norte del departamento consumado por la pandilla, Dagoberto Ramos.
Desalmados delincuentes -que no guerrilleros- disfrazados con la usurpada máscara de disidentes, a las extinguidas FARC-EP, hoguera encendida el 17 de marzo en que los fustigados fueron los cabildos indígenas de Tacueyó y Toribío, en que asesinaron a la líder Carmelina Yule Pavi, crimen que conmocionó al país, mientras el innombrable -que ocupa el podio de los enemigos del presidente Petro, arreció en su contra el acoso verbal contra la paz total, calificado el proceso de inaceptable.
Paralelamente atacaron los municipios: Cajibío, Mondomo, Santander de Quilichao, Suárez, la base militar ubicada en el sector de La Toma, Los Pinos, Agua Clara y Santa Ana, confinando por temor a nuevos ataques, a las comunidades de La Toma, La Peña. En Jamundí (Valle del Cauca), explotaron una motobomba; artefactos ídem en la vía Corinto-Miranda; estación de Policía de Guachené y el Túnel en jurisdicción de Cajibío, sobre la vía Panamericana.
Arremetida que llevó al gobernador, Octavio Guzmán, a reclamar airadamente: “En 35 días contamos 3 atentados terroristas contra el municipio de Miranda”. “Esta guerra criminal que enluta nuestro departamento, está acabando con la vida de la población civil”. Pidió se procurara en su territorio, una mayor capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, aunada a la inversión social”. Recordó los carros-bomba explotados el 11 de abril y 10 de mayo.
Ola violentista que precipitó la catártica suspensión del cese al fuego en el Cauca, Valle y Nariño, acordado -generosamente- de buena fe con esta banda de forajidos, por la que el Mindefensa ofreció una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita la ubicación y captura de sus cabecillas.
Escalada que dio pie para que tirios y troyanos aprecien como síntoma de inoperancia del Estado; de ineficiencia, parálisis de la aparentemente maniatada fuerza pública, al parecer sin norte, inteligencia, estrategia, que los lleva a inquirir: ¿Perdió el Gobierno el control del Cauca? Autorrespuesta del ministro Velásquez: “es la manera como la organización terrorista intenta contrarrestar los ‘excelentes’ resultados de la Fuerza Pública”.
¿CUÁLES? contrapreguntó el uribismo que aprovechó para motejar, zalear la paz total, enrostrarle a nuestro caprichoso timonel Petro, la trillada cantaleta que los atentados obedecen al fallido proceso que califican de improvisado, inconveniente, gratuito -sin nada a cambio-; condenan el estatus político, el cese al fuego prodigados -dicen- ingenua, inocente, temerariamente -agrena- sin fundamento político; largueza que -aseguran- retroalimenta, fortalece a la ensoberbecida, todopoderosa horda de facinerosos -otrora emisarios del ‘irremplazable’, o financiadores como el Ñeñe Hernández.
Conjura que -por cierto- gatilló la tradicional, consuetudinaria crisis que soportamos los colombianos. Bandidos ensañados sobre las atemorizadas poblaciones indígenas como en tiempos prehistóricos de ingrata recordación; escalamiento superpuesto a la agenda de las prioridades y urgencias del país, con graves, gravísimos efectos económicos, políticos y sociales, en la confianza inversionista internacional.
Canallescos bombardeos que pasarán a la historia como uno de los más negros días de estas poblaciones, que no cesan, presenciado en tiempo real, ‘en vivo y en directo’ por el país, ejecutado por estos soberbios cuatreros del rimbombante, Estado Mayor Central de las Disidencias de las Farc, con el que el régimen negocia un proceso político de paz que no va eso parece- para ninguna parte, plaga que llegó a bordo de Toyotas último modelo, armamento ídem que entregaban a sus pares camuflados de campesinos, tomándose por tres interminables horas con incesante fuego el poblado, luego de explotar cerca a la estación de Policía una motobomba.
Disparaban ráfagas de fusil desde la montaña, las casas y desde un tercer piso de una edificación donde instalaron una poderosa ametralladora calibre .50, “La madre de todas las ametralladoras, con un alcance máxima de 6900 m., que dispara 1.200 proyectiles por minuto a una Velocidad (límite) de 890 m/s, con capacidad para penetrar fortificaciones, vehículos y aeronaves blindadas.
Balance: Cuatro personas asesinadas -dos patrulleros; un comunero indígena y una persona que se encontraba detenida; una infinidad de heridos, desplazados, resultas de los explosivos lanzados indiscriminadamente contra la población civil, destruyeron parte del Banco Agrario, robándose más de $50 millones; saquearon una droguería de la que se llevaron medicamentos, pañales y de una cigarrería el aguardiente, cigarrillos y el whisky.
En las entradas y salidas del pueblo y cerca a la Estación de Policía dejaron 24 tatucos, desactivados controladamente. Dolor amplificado, magnificado explotado, política, desapaciblemente por el tosco uribismo, so pretexto de la dizque falta de acción, compromiso de Petro y la pasividad de las conniventes Fuerzas Militares.
La población resaltó -a su vez- el que los asaltantes son gente de los pueblos atacados, por todos conocidos, movidos y financiados por la droga, rehuidos por la desmotivada fuerza pública que mira -extraña, inexplicablemente- para el otro lado cuando de capturarlos se trata, de perseguirlos, siempre en sentido contrario de donde se encuentran, pernoctan.
Fuerzas instigadas -soterrada, cobardemente- por el insoportable, permisivo santón a “no quedarse quietas por la orden del gobierno”, “abstenerse de proteger a los colombianos”, incitación -tácita- a la desobediencia, que el presidente Petro debiera -en reciprocidad- pararle el macho, darle una bofetada para que escarmiente, con un basta ya, ya está bueno; pasando sin compasión -como no la tuvo con las víctimas- de las palabras a la acción, avivando el desdibujado -hasta casi desaparecer-, engavetado prontuario, pendiente por aclarar a la justicia, primordialmente, el de lesa humanidad -imprescriptible-, agregada la sutil incitación a derrocar al Gobierno, alzarse en armas contra el orden constitucional (art. 467 y 468 del CP).
Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2024
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