Por: Alejandro Loaiza Salazar.
A partir del primero de septiembre Jorge Orlando García actual alcalde de Pensilvania, municipio del oriente de Caldas, dejará el cargo producto de su renuncia irrevocable, de lo anterior se desprenden varias conclusiones.
La primera es que el Estado colombiano y en concreto el Congreso de la República requiere reformar las normas que le prohíben a los funcionarios públicos electos por voto popular a cargos como alcaldía, gobernación e incluso presidencia participar en política.
Un político jamás dejará de serlo aun cuando ostente el cargo que ostente, es más que un secreto a voces, resulta una realidad la participación de funcionarios públicos en las contiendas electorales, dicha reforma debería estar enfocada únicamente en prohibir la participación de funcionarios de entidades como la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, Registraduría y la Rama Judicial, los demás deberían de poder hacerlo sin ningún problema, y aunque con excepciones, todos tienen su origen en el qué hacer político, el no permitirlo ocasiona el ejercicio de una política vergonzante y debajo de la mesa.
La segunda conclusión, habla de la necesidad de las entidades territoriales de tener un plan de Gobierno y un Plan de Desarrollo serio y bien estructurado, que permita pase lo que pase, darles a los municipios la continuidad necesaria para que su administración no sufra por la continuidad o no de sus gobernantes.
La decisión de Jorge Orlando es una decisión que se venía pensando desde hace más de 4 meses, algunos le mencionaban lo inconveniente de hacerlo, mientras que otros aplaudimos la posibilidad, pues sin duda, ante la experiencia y el liderazgo las buenas administraciones deben de continuar, y con ellas, la necesidad de contar con voces que con autoridad y contundencia pudieran liderar los ejercicios que permitan mantener dichos gobiernos.
Es lamentable que la excesiva normatividad colombiana impida conocer de viva voz las tendencias políticas de los gobernantes, pues esto facilita el voto de apoyo o castigo a los candidatos respaldados por los gobiernos salientes, casi que, sin la necesidad de la perversa reelección, encontrando así un punto medio para que a modo de refrendación la ciudadanía premie o castigue los buenos y malos gobiernos.
En el caso de Jorge Orlando creo que toma sin duda la decisión correcta, pero además responsable con su administración y su equipo, pues sin duda, la posibilidad que tendrá a partir del primero de septiembre dará a su movimiento político una nueva dirección que facilite la continuidad de procesos que a todas luces se están haciendo de la manera correcta.
Twitter: @AlejandroLSFD
Recomendado para usted
