EDITORIAL
Recientemente el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, presentó un mapa de impunidad en Colombia que arroja un panorama muy poco esperanzador para el país en materia de corrupción.
De acuerdo con esta entidad, entre los años 2010 y 2023 se presentaron 57.582 denuncias por corrupción en todo el país, de las cuales el 93,99% no tienen condena, el 89,7% están sin una captura siquiera y el 77,15% se encuentra en indagación.
Lo anterior significa que apenas el 6% del total de denuncias en el país por corrupción, tienen condenas, lo que significa que la impunidad es del 94%.
El peculado por apropiación es el rey de los delitos contra la administración pública con un 26%, seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales con el 24,6%, la concusión 10,1%, el cohecho por dar y ofrecer 9,8%, interés indebido en la celebración de contratos 7,4%, cohecho propio 3,7%, peculado por aplicación oficial diferente 3,5%, enriquecimiento ilícito 3,1%, tráfico de influencias de servidor público 2,4% y peculado por uso 2,1%.
En el caso del departamento de Caldas ocupamos el séptimo lugar con el 94,5% con más casos de corrupción registrados y también el séptimo en cuanto a menos porcentaje de capturas con el mismo 94,5%.
Estas cifras son alarmantes con respecto a este flagelo y a la impunidad. La corrupción se convirtió en una cultura en el sector público y los responsables directos son los ciudadanos que no se fijan en el momento de elegir.
La justicia también está fallando y aunque muchos se opongan, sí se hace necesaria una reforma urgente al sistema judicial colombiano para lograr mayor efectividad al momento de investigar y castigar, no solamente en los casos de los delitos contra la administración pública si no en todas las conductas punibles.
Mientras que la corrupción sea una cultura y siga en la impunidad, el futuro del país es poco alentador.
Manizales, agosto 20 de 2023.
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