Por: Antonio Corrales Giraldo.
El cambio climático dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad que llegó para quedarse. Sus efectos tendrán profundas consecuencias sobre el medio ambiente, la biodiversidad, la salud, la economía y, especialmente, sobre la producción de alimentos. Pero, sobre todo, terminará afectando la vida y el bienestar de millones de personas y obligará a replantear buena parte de la política pública del país.
Los organismos científicos que estudian el comportamiento del clima vienen advirtiendo sobre la posibilidad de nuevos episodios de variabilidad climática que pueden traducirse para Colombia en mayores temperaturas, alteraciones de las precipitaciones, períodos secos más prolongados y una creciente presión sobre el agua.
Estamos advertidos. Y, sin embargo, seguimos actuando como si el cambio climático fuera un problema del futuro.
Lo que nos espera no es solamente incertidumbre climática. También puede significar mayores dificultades económicas, pérdidas en el sector agropecuario, presión sobre los recursos naturales y, en última instancia, más pobreza, especialmente entre quienes tienen menos capacidad para adaptarse.
Por eso resulta inevitable cuestionar el papel que vienen desempeñando las corporaciones autónomas regionales —como CORPOCALDAS, CARDER y las demás autoridades ambientales del país— y, al mismo tiempo, la capacidad de nuestras instituciones de investigación agropecuaria para responder a este nuevo escenario.
No se trata de desconocer el trabajo que realizan estas entidades. Se trata de preguntarnos si están haciendo lo suficiente frente a la magnitud del desafío que tenemos por delante.
En plena crisis climática llama la atención que las autoridades ambientales y las instituciones de investigación parezcan caminar por caminos separados. Las primeras tienen la responsabilidad de proteger los recursos naturales; las segundas, de generar el conocimiento y las tecnologías que permitan adaptarnos. Pero ambas funciones deberían formar parte de una misma estrategia nacional.
Necesitamos autoridad ambiental, pero también necesitamos conocimiento. Y, sobre todo, necesitamos que ambos trabajen juntos.
Un ejemplo está a la vista en el río Risaralda. Sus orillas han perdido buena parte de la protección natural que deberían proporcionar los bosques ribereños; la extracción de piedra, grava y arena ejerce una presión evidente sobre el cauce; sus caudales disminuyen y la contaminación y la sedimentación siguen siendo problemas recurrentes.
CARDER y CORPOCALDAS tienen normas, instrumentos de planificación y competencias para proteger este río. Pero la realidad del territorio demuestra que entre lo que dicen las normas y lo que efectivamente ocurre existe una enorme distancia.
Cuando la degradación de un río avanza más rápido que las acciones para protegerlo, algo está fallando.
No basta con producir normas, formular planes o expedir permisos. La gestión ambiental debe medirse por sus resultados sobre el territorio. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la institucionalidad ambiental en un simulacro: mucha regulación en el papel y poco impacto en la realidad.
Pero el problema no termina en la protección de los ecosistemas.
El cambio climático también está modificando las condiciones en las que producimos alimentos. Las altas temperaturas, los períodos de sequía, la irregularidad de las lluvias, la aparición o expansión de plagas y enfermedades y la disponibilidad cada vez más incierta de agua obligarán al sector agropecuario a cambiar.
Y los más afectados serán, una vez más, los pequeños productores y los agricultores de menores recursos, precisamente quienes tienen menos posibilidades de invertir en sistemas de riego, infraestructura, nuevas variedades, tecnologías y mecanismos de adaptación.
La competitividad y la sostenibilidad del campo colombiano dependerán cada vez más de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Colombia cuenta con universidades que forman profesionales del sector agropecuario y con instituciones y centros de investigación como AGROSAVIA y los CENI —Cenicafé, Cenicaña, Cenipalma, entre otros— que poseen conocimiento, investigadores y experiencia acumulada.
Pero necesitamos algo más: una agenda científica nacional frente al cambio climático.
No podemos permitir que cada institución investigue por su lado mientras los agricultores enfrentan problemas que requieren respuestas urgentes y coordinadas.
Universidades, centros de investigación, AGROSAVIA, CENI, ministerios, corporaciones ambientales y productores deberían sentarse en una misma mesa para definir cuáles son las prioridades de investigación que necesita el campo colombiano.
Necesitamos desarrollar variedades y materiales vegetales más tolerantes al calor y al déficit hídrico; sistemas productivos que utilicen eficientemente el agua; nuevas estrategias para el manejo de plagas y enfermedades; modelos de agricultura climáticamente inteligente; sistemas de información y alerta temprana; tecnologías de conservación de suelos y agua, y nuevas formas de producción capaces de enfrentar unas condiciones climáticas que ya no serán las mismas de hace unas décadas.
Tenemos que establecer una nueva relación con el clima.
Y serán los investigadores, de la mano de los productores, quienes deberán ayudarnos a construir la agricultura del futuro.
Por eso proponemos que las agendas de investigación agropecuaria y ambiental del país sean revisadas y articuladas con las prioridades del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, definiendo responsabilidades concretas entre las diferentes instituciones.
Pero esto también exige recursos.
El Gobierno Nacional debe entender que invertir en investigación, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria no es un gasto: es una inversión en seguridad alimentaria, competitividad, conservación ambiental y bienestar social.
Colombia no puede enfrentar el cambio climático con instituciones desarticuladas, presupuestos insuficientes y respuestas improvisadas.
El clima ya cambió. Lo que todavía estamos a tiempo de cambiar es nuestra manera de responder.
La pregunta ya no es si Colombia debe prepararse para el cambio climático. La pregunta verdaderamente urgente es otra:
¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que nuestras instituciones ambientales y científicas entiendan que enfrentar esta crisis exige trabajar juntas?
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