Por Antonio Corrales Giraldo.
El Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto denominado Ley de Rescate Económico, una iniciativa de ajuste fiscal identificada, según la información que deberá verificarse, como el Proyecto de Ley 477 de 2026.
Como parte de la sociedad civil y en representación de quienes consideramos indispensable el manejo responsable de las finanzas públicas, estamos de acuerdo con reducir el gasto público innecesario, el tamaño del Estado, las nóminas sobredimensionadas, la contratación excesiva y la burocracia. El país necesita eficiencia, austeridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Pero una cosa es reducir el gasto y otra muy distinta pretender cuadrar las cuentas del Estado gravando con el 19 % de IVA alimentos frescos, como las frutas y las verduras, entre ellas el tomate, que hasta ahora han contado con tratamientos tributarios favorables. ¿Será esta la fórmula que necesita Colombia para salir de sus dificultades fiscales? Amanecerá y veremos.
Por esta vía, el único ajuste que terminarán sintiendo millones de colombianos podría ser el de sus propios bolsillos. Una medida de esta naturaleza amenaza con encarecer la canasta familiar y afectar especialmente a los hogares de menores ingresos, para los cuales los alimentos representan una parte sustancial de sus gastos. No estamos hablando de artículos de lujo ni de consumos prescindibles, sino de productos esenciales que hacen parte de la alimentación cotidiana de los colombianos.
La preocupación aumenta si a lo anterior le sumamos la posibilidad de gravar con el 19 % de IVA insumos y servicios necesarios para producir alimentos, como los fertilizantes y la asistencia técnica. De concretarse estas medidas, los costos de producción agrícola podrían aumentar, reduciendo los márgenes de rentabilidad de nuestros productores y restándoles competitividad frente a los alimentos importados.
El resultado sería una verdadera paradoja: mientras se busca mejorar las finanzas del Estado, se podría terminar golpeando a quienes producen la comida y a quienes deben comprarla. El agricultor enfrentaría mayores costos y el consumidor tendría que pagar precios más altos. ¿Quién termina asumiendo la factura? Como casi siempre, el productor del campo y las familias colombianas.
Las advertencias sobre los efectos tributarios en la actividad agropecuaria no deben tomarse a la ligera. En el caso del café, se ha planteado la preocupación por el impacto que un incremento de los precios al consumidor podría tener sobre la demanda. Es una señal de alerta que merece análisis serio, porque la competitividad del agro colombiano depende tanto de sus condiciones productivas como de las decisiones económicas que se toman desde el Gobierno.
Y hay otra preocupación que no podemos pasar por alto: la forma en que se están construyendo estas propuestas. El país necesita un Gobierno que escuche, dialogue y concierte, no uno que parezca convencido de tener siempre la razón. Las reformas tributarias de semejante alcance deben discutirse con los productores, los consumidores, los gremios, los sectores políticos y las comunidades que sufrirán sus consecuencias. Incluso los aliados del Gobierno merecen ser escuchados antes de que se radiquen iniciativas que comprometen el bolsillo de todos.
La política fiscal no puede convertirse en un ejercicio de imposición ni en una demostración de arrogancia. Gobernar exige reconocer que existen otras opiniones, evaluar sus argumentos y corregir el rumbo cuando sea necesario. Una reforma puede tener propósitos legítimos, pero eso no la convierte automáticamente en una buena reforma.
Colombia necesita austeridad en el gasto público, sí; pero también sensatez tributaria, respeto por el productor rural y consideración por la mesa de los hogares más vulnerables.
Porque si para rescatar las finanzas del Estado hay que encarecer el tomate, los fertilizantes y los alimentos de todos los días, cabe preguntarse: ¿quién necesita realmente un rescate? ¿El Estado o los colombianos que, con sus ingresos cada vez más comprometidos, apenas intentan llevar la comida a sus hogares?
¡Que no pretendan tapar el hueco fiscal con el plato de comida de los colombianos!
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