EDITORIAL
El pasado jueves, la Corporación Cívica de Caldas, publicó una alerta sobre el incumplimiento de los 29 Grupos Significativos de Ciudadanos y el Movimiento Social, registrados en el departamento de Caldas, que buscan participar con candidatos en las elecciones del 29 de octubre de 2023, los cuales, hasta el pasado 31 de mayo, no habían cumplido con su obligación legal de rendir informe de ingresos y gastos.
Los Grupos Significativos de Ciudadanos y los Movimientos Sociales y Promotores del voto, tienen su fundamento legal en el artículo 9º de la Ley 130 de 1994. Son organizaciones independientes de ciudadanos que buscan inscribir candidaturas sin contar con el aval de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica, y tienen la obligación de publicar de manera periódica y en tiempo real los ingresos y gastos generados por el proceso de recolección de firmas.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha conceptuado que, para estas organizaciones políticas temporales, la Ley no contempla topes de gastos de campaña, y, por lo tanto, no se tiene la obligación de reportar un gerente ni la apertura de cuenta bancaria para el manejo de recursos.
Este vacío de la Ley es una ventaja más que tienen los GSC, quienes, además, se pueden inscribir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un año antes de las elecciones para recibir la autorización y empezar la recolección de firmas, lo que significa en la práctica, que pueden hacer campaña 9 meses antes que los candidatos avalados por partidos y movimientos políticos con personería jurídica.
Por esta laxitud legal es que vemos a precandidatos gastando cientos de millones de pesos en sus campañas de recolección de firmas sin que tengan control alguno sobre el origen de los recursos, o rindan cuentas sobre ello.
El 29 de junio próximo es la fecha límite para que los GSC presenten a la Registraduría las firmas, sin embargo, muchos de ellos no lo harán y optarán por inscribir a sus candidatos con el aval de un partido legalmente reconocido, después de haber aprovechado todos estos meses en campaña política de recolección de respaldos, sacándole ventaja con ello a sus contrincantes.
Una vez más se cumple el dicho popular: hecha la Ley hecha la trampa. Este es el primer engaño al que someten muchos precandidatos a los ciudadanos.
Manizales, junio 11 de 2023.
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