Opinion

OTRA REFORMA

EDITORIAL

Finalizando el mes de noviembre de 2022, en visita a Manizales del Ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló sobre la necesidad urgente de una reforma al sistema penitenciario en Colombia. Entre otras cosas afirmó que las cárceles no solucionan el problema de criminalidad en el país y que se han convertido en universidades del delito. También dijo que el déficit de cupos en las penitenciarías es de 40 mil y en el país se construyen en promedio 1.600 por año a un costo de 140 millones por cada uno. Terminó afirmando que la cárcel no da sensación de seguridad y preguntó con quién se siente más seguro un ciudadano, si con alguien que cometió un delito y reparó, o con quien salió de la cárcel después de purgar una condena. Actualmente la población carcelaria intramural está calculada en 98 mil personas privadas de la libertad.

Estos pronunciamientos pudieron haber sido el preámbulo del borrador de la reforma que pretende darle un giro a la política carcelaria, penitenciaria y criminal enfocándola hacia un verdadero sistema de resocialización.

Además de las políticas equivocadas penitenciarias, el sistema carcelario se convirtió en un vergonzoso foco de corrupción donde las cárceles prácticamente son repúblicas independientes. En muchas de ellas se negocia con todo, desde armas, estupefacientes, licores, prostitución, visitas, salidas, fugas, hasta el sitio para dormir. Ningún gobierno ha tenido la valentía de enfrentar esta problemática y han pasado de agache ante las poderosas e intocables organizaciones sindicales del INPEC que son casi 50.

Pretende la reforma que presentará el gobierno Petro enfocar la política criminal en dos aspectos fundamentalmente. Uno, es el sistema restaurativo que contempla los beneficios por reparación integral a la víctima, y el otro, mientras permanezca detenido, la resocialización a través del estudio y el aprendizaje de algún oficio en convenio con instituciones de educación como el SENA.

También se propone que la pena de prisión máxima para los delitos pase de 60 a 40 años teniendo como excepción el concurso. Las condenas con beneficio de casa por cárcel pasarán de 8 a 12 años, y los detenidos con fuertes quebrantos de salud las podrán cumplir en centros hospitalarios y en domiciliaria. Se establecen nuevos beneficios, como permisos de 72 horas cuando el recluso cumpla el 25% de su pena, y se crea una oficina de Derechos Humanos en cada establecimiento de reclusión.

Los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, no se configurarán en el marco de la protesta social, y desaparece la catalogación de las cárceles como de máxima, mediana o mínima seguridad; ahora se dividirán en cuatro niveles que corresponden a distintas fases de “preparación para la libertad”.

También se propone la creación de un bono de redención por educación a favor de todo el privado de la libertad que se certifique en programas de educación formal y no formal. El beneficio será de ocho días por cada mes que el interno participe en las actividades. Se creará un esquema de formación para el trabajo independiente y la comercialización de productos manufacturados en la cárcel.

Al igual que otros proyectos de reformas que serán estudiados por el congreso de la república en este primer semestre, ya es hora de modificar el sistema penitenciario en Colombia que tantas falencias presenta y se agrava cada día más.

Sobre el tema, el congresista caldense Octavio Cardona expresó a través de su cuenta de Twitter: “Empresas de seguridad privada manifestaron interés en asumir vigilancia de cárceles municipales y departamentales. Una iniciativa buena pero que no resuelve el problema, aquí lo que faltan son cupos para acabar el hacinamiento y posibilidades de redimir pena con trabajo o estudio.”

Manizales, 08 enero 2023.

@tintiando

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