Se ha sostenido en estudios realizados por expertos académicos, que una vez publicados son llevados a los anaqueles oficiales, que la debilidad endémica del Estado Colombiano se manifiesta en su falta de presencia en gran parte del territorio nacional, regiones abandonadas a su suerte, sin ayuda gubernamental, como le sucede al primer puerto sobre el pacífico, que le genera billonarios ingresos al fisco nacional, con un mínimo de retorno y solo visitado por los altos funcionarios en momentos de crisis, con anuncios mediáticos, incumplidos a los pocos días, más los habituales y promocionados consejos de seguridad.
La pesadilla por la que atraviesan los habitantes del puerto, radica en el fortalecimiento de bandas organizadas que se disputan rutas del narcotráfico, el expendio diario de alucinógenos, las casas de “pique”, grupos de presión que defienden intereses o privilegios, eliminando a quienes consideran un obstáculo para sus ilícitos negocios.
Un Estado que retarda las reformas sociales, económicas, educativas, de seguridad, de salud, con una justicia inoperante, pero si atento para agilizar y vigorizar las tributarias, asfixiando a la clase media e independientes, con unos partidos que operan como empresas electorales por las épocas de campaña con un sistema financiero indolente, han sido en buena parte los responsables del auge del inconformismo popular, representados en estos fenómenos de violencia por la que atraviesa esa región del pacifico.
Gran reto para el naciente gobierno en darle la importancia a esa abandonada región, devolviéndole la tranquilidad ciudadana, con el regreso del turismo nacional e internacional, reivindicando la actuación de un gobierno pasado (Santos), al desconocer a Buenaventura como capital natural, cuando al país le correspondía organizar la VII Cumbre de la Alianza para el pacífico, dándole la sede a la ciudad caribeña de Cartagena.
La paz de Buenaventura, es la paz del pacifico, y ésta, a su vez es la de Colombia, que no se puede alcanzar a través de un decreto, se requieren obras de desarrollo colectivo, políticas de Estado, consignadas en vías, hospitales, centros educativos, planes de vivienda, con sentido social y no electoral.
ADENDA UNO: Una persona llamada a juicio por la sala penal de la Corte Suprema, sub-judice, pendiente de resolución judicial, otra con una causa penal, archivada por vencimiento de términos, son escogidos por este congreso llamado del “cambio” como integrantes del alicaído Consejo Nacional Electoral, convertido de tiempo atrás en una comisión más del Congreso de la República, donde la ética, el respeto por la constitución y la ley, pareciera fueron principios rectores del pasado.
ADENDA DOS: Diversos comentarios han generado las exigencias de un alto funcionario estatal de visita la semana pasada a la ciudad de Manizales al pedir carro blindado para su desplazamiento, como otras variadas peticiones.
De ser un normal profesional del derecho en Bogotá, desconocido a nivel nacional, hace esta clase de solicitudes que no encajan dentro de la sencillez y humildad que deben caracterizar a los funcionarios públicos en esta nueva etapa gubernamental.
* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.
