Históricamente la banca en toda la dimensión de sus operaciones: créditos, captaciones, colocaciones, han gozado de la complacencia de políticas públicas y hacienda proteccionistas, claro hacia los dueños de entidades financieras que desde hace más de cincuenta años no dejan de ser tres o cuatro familias, emparentadas con el poder y gobiernos de turno.
En la década de los setenta, se creó una medida dirigida a calcular el costo de créditos de vivienda, la llamada Unidad de Poder Adquisitivo (UPAC), al principio bien intencionada, ya que las obligaciones hipotecarias ajustarían su valor en función del índice de inflación, garantizando poder adquisitivo y capacidad de compra a ciudadanos y ahorradores.
La UPAC crecía en función del IPC (Índice de Precios al Consumidor), pero cuando esta, en la reforma de 1994, comenzó a depender de otro referente financiero como la DTF (Deposito a Termino Fijo), este tipo de tasa alcanzo incrementos enormes, afectando gravemente aquellos deudores que dependían del sistema bancario y su estabilidad, como consecuencia inmediata muchas personas incumplieron sus acreencias con el sistema, perdiendo sus casas o inmuebles, viendo también disminuida la calidad de vida.
La maniobra en su entonces concebida por Misael Pastrana Borrero, auspiciada por el legislativo y celebrada en esos 70s por elites bancarias, y que luego de más de veinte años fracaso, se abre paso una reforma con la Ley 546 de 1.999, con el fin de revitalizar el sistema y aumentar niveles de confianza en ahorradores, pasando de la UPAC a la UVR (Unidad de Valor Real). Pastrana padre en los setenta creador del UPAC. Pastrana hijo en los noventa creador de la UVR. Leyes y normativa, que emprendieron el rescate de la banca, pero no el rescate de quienes perdieron sus viviendas.
No pareció suficiente, el impulso a cartera hipotecaria para recuperar el sistema. En el año 1.993 con la reforma a la seguridad social dada en la ley 100, a propósito muy necesaria en ese entonces, inhibiendo monopolio estatal para dar paso a principios de universalidad, solidaridad y situando a competir los regímenes públicos con privados, y solo los dueños de bancos pudieron participar del negocio pensional, y fue así como estos conforman mediante su conglomerado de empresas del sector financiero las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones – carácter privado), las ARP (Administradoras de Riesgos Profesionales) y las EPS (Entidades Prestadoras de Servicios de Salud).
Con la Ley 100 de 1.993, los bancos dan apertura a las AFP, en ese entonces mencionando algunas: Colpatria de la familia Pacheco, Davivir de la familia Cortés, dueños de Davivienda, Protección del sindicato Antioqueño, Porvenir del grupo Sarmiento Angulo.
Nótese como se han decretado normas a favor de la banca, congeniando por el rescate de la misma y entregando a ella herramientas y recursos del orden crediticio, hipotecario y pensional. Claro que es importante un sistema financiero sólido, pero lamentablemente no es un sistema que genere valor agregado a la economía, o que transforme materia prima. Si bien empresarios acuden a este para prender los motores del emprendimiento, empleo y proveer capacidad instalada, el empresariado en cualquiera de sus categorías y tamaños, se endeudan a tasas altísimas, y quienes no logran encausar sus esfuerzos hacia la productividad y crecimiento, se ven obligados a cerrar empresas, factorías, desencadenando una nociva curva de desestimulación de la demanda agregada.
Ya no son solo ahorradores entregando o devolviendo inmuebles, son empresarios cerrando establecimientos, fabricas. Acto seguido aquellas pocas familias dueñas de los modos de producción y de la banca, anuncian con orgullo ganancias billonarias en sus cierres y balances financieros.
Se extracta informe de la Superintendencia Financiera de Colombia a diciembre de 2021: “(…) las utilidades alcanzaron los $65,76 billones. El dato denota un crecimiento cercano a los $10 billones cuando se comparan con los $55,48 billones de diciembre de 2020. Ahora, al revisar los datos de noviembre de 2021, a cierre de año las utilidades del sistema financiero cayeron desde los $66,30 billones.
Así mismo, sobre los resultados de diciembre de 2021, las utilidades informadas se alcanzaron por cuenta de que las entidades financieras informaron $23,46 billones.
De ese lado, las mayores utilidades llegaron desde los establecimientos de crédito, por un valor de $16,11 billones.
Ahora, del lado los fondos administrados con recursos de terceros, el total de utilidades fue de $42,30 billones a cierre de 2021, siendo los fondos de pensiones y de cesantías los que más alcanzaron utilidades, con $32,77 billones.
Finalmente, a cierre de diciembre de 2021, los activos del sistema financiero (propios y de terceros) alcanzaron $2.421,8 billones, con un crecimiento real anual de 4,2 %.
“De este valor $1.184,9 billones corresponden a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia, alcanzan los $1.236,9 billones”, concluye el informe de la Superintendencia Financiera (…)”.
Sorprenden las noticias con estas billonarias cifras. Aun así, el sector financiero no es el que impulsa el crecimiento del PIB para el segundo trimestre. Se destacan tres sectores como son: Actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida; industrias manufactureras; y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, registrando un crecimiento del 17.6% (fuente DANE), en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Generosos han sido los gobiernos con los cacaos monopolistas dueños de la banca. Salvavidas les lanzan ante el fracaso del UPAC, poca acogida de la UVR, creación del 4 x mil, se les otorgo el manejo de los recursos pensionales. La deuda es del sector financiero. Ojalá que los compromisos adquiridos en el marco de la 56 Convención Bancaria, algunos de ellos asumidos y de iniciativa del entrante gobierno y que pareciera se trabajarán en comunión con Asobancaria, impulsen la democratización del crédito, para acercar la banca a los colombianos que hoy no pueden acceder al dinero, amén de requisitos absurdos como tener propiedad raíz, o codeudores solventes. Esta situación genera una consecuencia dañina a ciudadanos que hoy están en la informalidad y que padecen, se mortifican con ese esbozo nocivo de esclavitud financiera del “gota a gota”, manejado por mafias que lavan dinero, se dedican al microtráfico dilatando la inestabilidad emocional y tranquilidad de las familias, que van en contravía de la unión familiar, la dignidad y la vida.
Muchos de estos esquemas mafiosos y delincuenciales han llevado hasta el suicidio a padres y madres dejando vulnerables a un relevo generacional que quiso salir adelante de una manera honrada y decorosa.
Es corresponsabilidad del sistema financiero con el gobierno, combatir esta incertidumbre de recursos y proponer soluciones para problemas del país como la inequidad, la pobreza, la informalidad y la baja calidad de la educación, porque el acceso a esta también depende de acceder a créditos estudiantiles.
Como ciudadanos, se estará a la expectativa y con rigurosa veeduría, que lo planteado y propuesto en las recientes y venideras reformas, afecten positivamente al colombiano de a pie, y no seguir promulgando leyes en favor de un sector financiero, que, si bien es importante, no lo es más que el sector productivo.
* Por: Alfredo Gómez Arboleda – Economista – Abogado – Asesor sector público y privado.
Recomendado para usted
