Por: Alfredo Gómez Arboleda – Economista – Abogado – Asesor sector público y privado.
Muchos son los incumplimientos para Caldas y Manizales, de las expectativas programáticas por las cuales fueron elegidos el actual Gobernador y alcalde para el periodo 2020 – 2023.
En su entonces Luis Carlos y Carlos Mario, se presentaron como candidatos promocionando y socializando en su ejercicio electoral unas propuestas de campaña, y que al ser elegidos se convirtieron en programas de gobierno y a su vez en Planes de Desarrollo para ser ejecutados desde las diferentes vistas sociales, educativas, salud, cultura, deporte, infraestructura, agrarias, juventud, mujeres, entre otras, con el fin de cumplir los fines esenciales del estado y cubrir las necesidades de caldenses y manizaleños.
Y que son fines esenciales del Estado, según el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “(…) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”.
Atendiendo la norma superior como lo es el artículo 259 de la Constitución Política; se entiende por voto programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir mandatarios nacionales o territoriales imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura.
No es necesario ir más allá dentro de un escenario político administrativo, y obviamente legal, para evidenciar a primera vista el incumplimiento de promesas de campaña y planes de desarrollo del Gobernador y alcalde, siendo inobservado el mandato constitucional, regulado este mediante la Ley 131 de 1994, modificada por la Ley 741 de 2002 `por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones.
Los candidatos elegidos por voto popular a ocupar cargos en corporaciones públicas están obligados a cumplir con lo plasmado en programas de gobierno, inscritos estos ante órgano electoral y refrendados nada más y nada menos que con el favor del elector primario.
Al respecto, conviene decir que hay proyectos de mucha importancia para la región, como lo es el Aeropuerto del Café, pero que la inoperancia compartida de las administraciones departamental y local, hacen que el anhelado terminal aéreo no tenga los avances presupuestados, menos aún en estos tres años y medio de los mandatarios, quienes además de incumplir y no coordinar esfuerzos conjuntos a nivel administrativo y financiero, para el caso del señor Alcalde de Manizales Carlos Mario Marín, y como miembro del consejo directivo, de una manera irresponsable es desleal al propósito de la mega obra, declarando en el mes de agosto del año 2022, delante del poco celebre ex Ministro de Transporte Guillermo Reyes y el Presidente Petro la inviabilidad del terminal aéreo, señalando que no goza del apoyo popular, yendo en contravía de lo pactado en propuesta programática, y por supuesto ante apresurada intervención poner en riesgo la ejecución del proyecto.
Añádase a este incumplimiento, la deficiente y cuestionada ejecución de obras en la ciudad de Manizales como el bulevar de la calle 48, intercambiador vial de los cedros y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Por lo que se refiere al Departamento, agregado a la falta de interés por impulsar Aerocafé, en cuidados intensivos y con un riesgo enorme de pasar a santos oleos está el proyecto de Mil Viviendas, programa estrella del plan de desarrollo de Luis Carlos – Gobernador, el cual presenta avances solo del 11%. Las obras del Grupo 1, que corresponden a municipios del oriente caldense Samaná y Marquetalia están suspendidas, y los sobre costos del quimérico proyecto de vivienda están por el orden de los $790 mil millones de pesos.
Aquí vale la pena mencionar que los actuales gobernantes se hicieron elegir también con el favor del sufragio de candidatos a Asamblea Departamental y Concejo Municipal, y a ellos también les cabe una corresponsabilidad ya fuera como candidatos y muchos de ellos elegidos y que ocupan un asiento en la duna departamental y en el cabildo de la ciudad. Estos, son coparticipes del incumplimiento programático, débiles y pasivos; ni control político, ni censura. A que le temen, a quedarse sin participación burocrática, cuantos debates de control político se han propuesto y estos a su vez prosperado para así rendirle cuentas a la ciudadanía, y conocer los avances de estos proyectos, obras y promesas programáticas incumplidas.
Al llegar a este punto, si bien la iniciativa de control político esta inicialmente en la oposición, la misma está ausente, temerosa. Acaso falta en estos cabildantes de Asamblea y Concejo preparación, idoneidad; o se postraron en sus curules solo para ser testigos pasivos, miedosos de la realidad que ocurre ante los incumplimientos de los actuales Gobernador y alcalde y secretarios de despacho, los cuales se vuelven aduladores de sus jefes de turno y políticos que les patrocinan, que además son rotados con mucha frecuencia, dadas las circunstancias políticas coyunturales. Así es difícil gobernar, entorpeciendo toma de decisiones y ante ausencia de ellas, el déficit de ejecución y lo más delicado la antipatía y desconfianza de electorado y ciudadanía.
La temática que desarrolla la Constitución Política y la Ley que la reglamenta alrededor del voto programático y lo que se deriva de ello, ante incumplimiento de parte de candidatos electos para poder adelantar la censura y control político, no son fáciles de aplicar según lo contemplado por el acto legislativo No. 01 de 2007, lo cual daría para un análisis adicional, si es cierto que nuestros legisladores ya sea a nivel departamental y municipal, deben ostentar calidades intelectuales, capacidad de crítica, de análisis y ser valientes ante posturas equivocadas de aquellos mandatarios y equipos de gobierno que toman decisiones de espaldas a la comunidad, de espaldas a la constitución.
Siendo coherentes con el cumplimiento de la carta magna, tampoco hay certeza alguna de vocación de servicio, de promover la prosperidad general y mucho menos la prevalencia del interés general sobre el particular, propendiendo por un desarrollo social y económico. O sea, no se cumplen los fines esenciales del Estado.
Alerta, con aquellos que aspiraran en las próximas elecciones territoriales de octubre y que sobre su postulación rondan la desidia, la falta de idoneidad, la incoherencia, falta de criterio y no representan los intereses y necesidades recogidas en los municipios, en las comunidades y en algunas sombras de clientelismo, ingratitud, desvío de poder y presuntos delitos contra la administración pública.
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