Opinion

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES CIUDADANAS *

José Ferney Paz Quintero

El nuevo gobierno viene pregonando la defensa de los derechos humanos, aspecto este de gran importancia si se logra consolidar como política de estado, por cuanto es imposible desconocer los factores que determinan la gran crisis por la que atraviesa el país, cuya manifestación más evidente es el conjunto de violencias entrelazadas, que siembran la muerte y la desesperanza dejando una estela de sangre y total orfandad.

En medio de las confrontaciones entre grupos y organizaciones ilegales, que escapan al poder del estado, se producen violaciones a los derechos humanos, siendo el más importante el derecho a la vida, o para decirlo en otros términos, la vida es el precio que se debe pagar por ejercer el derecho constitucional de asociación sindical, el derecho a la participación política, a la libertad de expresión, con una prensa libre, de cátedra, al libre disenso.

Frente  a lo anterior, es donde debe aparecer el estado, es su deber legal y constitucional, no basta la buena voluntad, las declaraciones públicas y avisos de recompensas, se debe imponer la firme decisión de investigar y castigar a los responsables de esas violaciones, de esas muertes de defensores sociales, incluyendo a los propios agentes del estado si se les comprueba trasgresión de la ley, bien por acción o por omisión, para que la sociedad pueda tener confianza en sus instituciones de seguridad.

Pero hay algo que nos  reconforta:  es la misma sociedad la que anhela la paz total y no la victoria de uno cualquiera de los bandos en confrontación, que conduciría a un sistema totalitario lejos de la voluntad popular, inquieta si, la persistencia y la amplitud que han adquirido en el territorio nacional los grupos insurgentes, como otras formas de violencia, el narcotráfico, el paramilitarismo, las insurgencias armadas, que han encontrado terreno fecundo sobre la base de la debilidad del estado y del ambiente de zozobra desde hace más de 70 años, a raíz del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán.

La prioridad sigue siendo la defensa de la democracia, siendo el menos malo de los sistemas políticos.

ADENDA: El principal problema del sistema tributario colombiano es la inestabilidad, creando incertidumbre para los negocios, por cambios constantes de la ley, los aspectos temporales, de la vigencia de ciertos impuestos, los conceptos jurídicos de la DIAN, ARROGÁNDOSE, facultades de legislador, las violaciones a sabiendas de normas constitucionales donde tendrá que intervenir a tiempo la Corte Constitucional para frenar esos desafueros gubernamentales con la anuencia de un Congreso que al parecer sigue la misma línea de los anteriores, apegados a la mermelada oficial.

* Por: J. F. Paz – Exmagistrado / Consultor. – Presidente Tribunal de Control Ético del partido liberal colombiano.

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