Opinion

AQUÍ PENSANDO *

Que la participación en política de los funcionarios públicos debería ser permitida, es un tema que siempre se ha puesto en la mesa de las reformas políticas, pero no se avanza por los temores a la influencia que puedan tener estos en unas elecciones y máxime en contra de los mismos gobiernos para los que trabajan.

Debemos ser claros al reconocer que no todo funcionario que trabaje para un alcalde, gobernador o presidente, siempre está de acuerdo con sus decisiones políticas, pero muchos son obligados a acatarlas. Esta es una realidad que ocurre en muchos países, no importa si les es permitido o no hacer campaña.

En Chile, por ejemplo, es permitido que funcionarios públicos puedan aspirar a cargos de elección popular, siempre y cuando no utilicen el cargo para beneficiarse electoralmente o desarrollen actividades políticas en horario laboral. Y Brasil es uno de los países que permite la reelección de sus alcaldes, lo que conlleva a un ejercicio de la política durante el mandato que está terminando.

Que las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior pueden funcionar más en otros países que en Colombia, no se crea, en muchos países se ve también corrupción, compra de votos, persecuciones políticas o tráfico de influencias. Pero si así como están las cosas en el país, con tantas prohibiciones y se ve lo que se ve, quizás cuando las cosas son más visibles se pueda controlar un poco más.

Ahora bien, que el alcalde de la ciudad de Medellín en Colombia dio “papaya” es innegable. Ante unos entes de control que buscan el menor quiebre de un funcionario que no es del gobierno para investigarlo y/o sancionarlo, como es que Daniel Quintero de manera no tan disimulada como pretendía, hiciera campaña por el candidato a la presidencia de su preferencia.

No podemos desconocer que son muchos los funcionarios públicos que de alguna manera realizan campaña política, sea éste del orden municipal, departamental o nacional y lo sucedido con el alcalde de Medellín y otros que se han mencionado en los medios de comunicación, es el reflejo de lo que se vive en nuestro país.

Existen prohibiciones y sanciones para quienes ocupan cargos públicos con relación a su participación en actividades proselitistas políticas, pero también se ha dado a conocer que un empleado público podrá acudir a una reunión de partido o movimiento político siempre y cuando no intervenga en ella; sin embargo, cuantas veces quienes hemos acudido a reuniones políticas hemos visto como buscan funcionarios en dichas reuniones para demandarlos, para acusarlos y perseguirlos en sus puestos.

¿Estaría Usted de acuerdo en que se permita que ciertos funcionarios públicos de nuestro país puedan participar activamente en política?

* Por: Cristina Otálvaro Idárraga-Abogada; Conciliadora en Derecho; Especialista en Gestión Pública, en Derecho Constitucional y Parlamentario y Derecho de Familia; Magister en Políticas Públicas.

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