Opinion

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO

EDITORIAL

04 noviembre 2018

Gran sorpresa causó la semana que acaba de terminar la decisión del Tribunal Superior de Manizales de revocar la sentencia absolutoria del Juzgado Quinto de Manizales y condenar a pena privativa de la libertad, inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y multa a tres exfuncionarios de la Gobernación de Caldas de la administración de Mario Aristizábal Muñoz.

Sorpresa, porque fue un proceso de varios años y todos los otros sindicados por hechos similares fueron absueltos; además, en este caso concreto, en primera instancia, el fallo fue favorable.

Luis Fernando Rosas, Carmenza Galvis y Luz Marina Gaitán, son ampliamente reconocidas como personas de bien en todos los círculos de la vida pública de Manizales y Caldas. Rosas se preparaba para presentar su candidatura para la próxima gobernación de Caldas, y estamos seguros que estas condenas se deben a tecnicismos administrativos más no a la apropiación de recursos.

Aquí no vamos a discutir el fallo del Tribunal Superior de Manizales. La reflexión va en el sentido de lo peligroso que se volvió ejercer un cargo público en este país. Alguien con mucha razón decía que el funcionario público tiene un pie en la cárcel y el otro sobre una cáscara de banano.

La cantidad de leyes y normas, la multiplicidad de sentencias en favor y en contra sobre un mismo tema, las interpretaciones jurídicas, algunos extraños fallos de las autoridades judiciales, los tecnicismos normativos y otros factores, han creado inestabilidad jurídica y grave crisis institucional dentro de los funcionarios públicos que los tiene contra la espada

Pareciese que cada caso se juzga con una norma diferente o acomodada a la circunstancia particular; y que se ha desatado una cacería de brujas para colocar tras las rejas a los funcionarios públicos por el solo hecho de serlo.

Ser funcionario público se ha convertido en Colombia en una actividad de alto riesgo. Ante gran parte de la opinión pública, especialmente la izquierda y la oposición, están estigmatizados como corruptos y deshonestos, tocándoles demostrar lo contrario.

Al respeto escribía en días pasados el exsenador Omar Yepes Álzate: “RÉGIMEN DE TERROR ? Las llamadas ÍAS (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, y aún las Interventorías) no se crearon para tirarse a la gente sino para controlar la conducta humana y verificar que las cosas se hagan bien. Las ÍAS -las pertinentes- harían bien coadyuvando, advirtiendo, para que la administración pública funcione correctamente y que los dineros públicos y las atribuciones se apliquen con celeridad, juicio y probidad a efecto de que la sociedad se beneficie de las tareas confiadas al Estado. Las ÍAS no pueden someter a los funcionarios públicos a un régimen de terror, esa no es su función. Su tarea es de vigilancia y control, y se debe ejercer con sabiduría y gentileza. Se puede ser severo, pero no patán.”.

Esta persecución contra los funcionarios públicos, es la que impide que personas preparadas y capacitadas del sector privado, prestan sus servicios en el campo público.

Cuándo se decidirá el legislativo a ponerle freno a los jueces carceleros y arbitrarios ?

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