Por: Daniel Moreno Verhagen – Abogado | Asuntos públicos y empresariales.
Anoche, estaba en un restaurante con un exdirigente gremial antioqueño de larga trayectoria, la conversación terminó donde terminan hoy casi todas las conversaciones empresariales del país: en dos caras de la misma moneda. Él conoce por dentro cómo se toman las decisiones en una junta gremial; yo las miro con ojos de ciudadano y de abogado. Coincidimos en algunas cosas y discrepamos en otras. Salí del restaurante con más preguntas que certezas, y quiero compartirlas.
Todo empezó con dos cartas de renuncia.
La primera la firmó Carolina Soto el 26 de agosto, un día después de que la junta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) la eligiera por unanimidad como presidenta ejecutiva. Declinaba el cargo ante la oposición que había generado su nombramiento. La segunda llegó el jueves 1 de octubre: Bruce Mac Master dejaba la presidencia de la ANDI después de casi trece años y hablaba de «múltiples presiones» sobre la autonomía del gremio. El Gobierno respondió que se trataba de una decisión interna de la organización.
Dos cartas, dos gremios y una pregunta que casi nadie formula en voz alta: ¿para qué existe un gremio?
Los estatutos de la ANDI la responden. Es la vocera de la empresa privada, y su objeto incluye colaborar con el Estado y actuar ante el Congreso y el Gobierno «por la vía de la concertación». La CCI nació en 2003 de la fusión de cuatro asociaciones que necesitaban un interlocutor único ante el Gobierno. Hablar con el poder no es una desviación de los gremios. Es su oficio.
Tampoco hay nada irregular en que sus afiliados contraten con el Estado. Pero esa doble condición explica por qué ciertas decisiones pesan tanto: en la misma mesa conviven la voz del gremio y la relación contractual de quienes lo financian.
¿Qué explica estas dos cartas? En gracia de la discusión, tres reflexiones de la noche:
La primera es el miedo. Si los afiliados perciben que una dirección incómoda podría enfriar su relación con el Estado, apartarse de ella parece prudente. No hace falta que alguien presione. Basta con que alguien lo crea. Y aquí está la paradoja: las empresas se agremian, en buena medida, para que el gremio diga lo que ninguna diría sola. La voz colectiva reparte el riesgo de opinar. Si esa voz también empieza a medir sus palabras, el escudo pierde su razón de ser.
La segunda es la debilidad: juntas que deciden rápido y se arrepienten igual de rápido, con estatutos que no blindan sus propias decisiones. Quien se ha sentado en una de esas juntas sabe que la unanimidad del acta no siempre refleja la unanimidad de la mesa. Esta lectura obliga a preguntarse qué es un gremio.
Algunos analistas lo ven como un contrapeso, un cuerpo intermedio entre el ciudadano y el poder. La Constitución apunta en esa dirección: su artículo 103 dispone que el Estado contribuya a fortalecer las asociaciones de la sociedad civil sin detrimento de su autonomía. Otras opiniones, advierten que los grupos organizados buscan beneficios cuyos costos pagan todos los demás. Ambas tienen algo de razón, y la frontera está en una palabra: intereses legítimos. Ceder una posición de política es negociar. Dejar que factores externos definan quién habla por el gremio es otra cosa. Además, un gremio percibido como alineado tampoco le sirve al Gobierno: un interlocutor que solo devuelve lo que el poder quiere oír no le aporta información valiosa.
La tercera es la estrategia. Si el objeto es concertar, buscar un vocero con buena llegada al Gobierno es coherente, y cualquier gobierno decide con quién conversa. Los gremios han sobrevivido a gobiernos de todos los colores precisamente porque saben cuándo tensar la cuerda y cuándo aflojarla. Bajo esta lectura, nadie habría violado regla alguna.
Probablemente hay algo de las tres. Más que culpables, hacen falta reglas. Que las reuniones entre altos funcionarios y gremios tengan agendas públicas. Que una norma expresa establezca que las posiciones públicas de un gremio no afecten en la gestión contractual del Estado a sus afiliados. Y que los gremios fijen en sus estatutos procesos de selección independientes, porque lo que no está escrito queda a merced de la coyuntura.
Los gremios necesitan, al mismo tiempo, acceso al Estado y distancia frente a él. Ese equilibrio no debería depender del talante de un gobierno ni del temperamento de una junta.
Eran casi las 11:00 p. m., se nos acabó la comida y no pudimos seguir debatiendo. Por eso dejo la reflexión abierta: miedo, debilidad o estrategia, usted ¿qué opina?
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