Por: Carlos Ossa B.
Ya suma un par de columnas quien buscará nuevamente el principal cargo público del municipio de La Dorada, en las que ataca una modificación excepcional al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). No es el único. Dentro de un grupo reducido de personas, algunos han intentado deslegitimarla mediante diferentes falacias, como la falsa equivalencia.
Se preguntan por qué ciudades como Santa Marta, Buenaventura o Cartagena dispusieron de menos hectáreas y movilizan mayor cantidad de mercancías, como si no pudieran entender que las ciudades que comparan cuentan con puertos interoceánicos, mientras que el municipio que sueñan gobernar no tiene siquiera un puerto fluvial navegable a escala comercial.
Afirmaciones falsas que se pretende instalar en la mente de la población es la del supuesto «afán» con el que se habría tramitado el proyecto. Sin embargo, este contó con los controles correspondientes y con la participación abierta de la comunidad, incluido un cabildo abierto en el que no se le negó la palabra a ningún ciudadano. Es más, quienes hoy pretenden invalidar el acuerdo no participaron en dicho espacio y optaron por esperar hasta el último minuto, asunto al que me referiré en líneas posteriores.
Estos actores políticos presentan también como una falla jurídica —sin diferenciar entre validez y conveniencia— el hecho de que en 2027 habrá una revisión ordinaria.
Sobre lo anterior, me impresiona que personas que se hacen llamar comerciantes o emprendedoras formulen esta clase de cuestionamientos, como si desconocieran que las necesidades de la población y sus realidades avanzan mucho más rápido que el derecho. Una demora de un año en un trámite burocrático puede hacer perder oportunidades importantes a quienes más las necesitan.
Por demás, en materia jurídica, conviene recordar una célebre frase atribuida a Francisco de Paula Santander: “Si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darán la libertad”. De modo que no resulta plausible interpretar aquello que no se encuentra en el tenor literal de la ley, so pretexto de utilizarlo para justificar sus intenciones.
El artículo 75 de la Ley 136 de 1994 establece que un proyecto de acuerdo que no sea aprobado en primer debate —el cual puede surtirse en sesiones ordinarias o extraordinarias— debe ser archivado. Sin embargo, la norma no establece en ningún momento que el primer debate deba realizarse necesariamente dentro del mismo período de sesiones en el que fue radicado, so pena de archivo.
No obstante, el excandidato insiste en que la norma es “tajante”, calificativo que, en este caso, puede inducir a error a quienes no se detengan a analizarla. Mientras su grupo dice “crean”, desde este lado se puede decir tranquilamente: “lean”.
Para más inri, cita a una concejal de La Dorada —la única que votó negativamente el proyecto— que, entre otras actuaciones, inventó una norma inexistente para oponerse a la celebración de un cabildo abierto; solicitó la aplicación analógica de la Ley 5.ª de 1992 y, al advertir que esta favorecía el trámite que se estaba dando en el Concejo, dejó de invocarla; se quejó en plenaria porque se le citaron autores para identificar reglas generales del derecho, aun cuando estas están permitidas por el reglamento del Concejo al que pertenece; y acusó a la secretaria general del Concejo de la comisión de un delito, demostrando un desconocimiento de las funciones de los secretarios de las corporaciones públicas de elección popular, entre otros exabruptos jurídicos.
Para ir terminando, también se ha manifestado que el PBOT «equivale a una ciudad entera», pero no se dice cuál. Resulta llamativo que se genere escándalo por 8,05 kilómetros cuadrados cuando ciudades con menor población y extensión que La Dorada, como Tocancipá, cuentan tan solo en su zona franca con una extensión superior a 400 hectáreas. También se habla de articulación metropolitana cuando no existe una zona metropolitana constituida entre La Dorada y Puerto Salgar, entre otras afirmaciones.
Ya en lo que supuestamente sería lo más importante, “el componente ambiental”, expone unas premisas sin sustento y sin conexión lógica con las conclusiones. ¿Cómo puede afirmar que el proyecto debió detenerse por unos incendios ocurridos durante la misma semana en que fue sancionado? ¿Sabrá que se pueden actualizar las AVR sin necesidad de modificar nuevamente el PBOT y que, de igual manera, habrá una revisión ordinaria en 2027?
Es parte del debate político cuestionar un acuerdo, pero utilizar premisas falsas, inventarse leyes o interpretaciones jurídicas aisladas no responde realmente al amor por la comunidad, sino a la necesidad de generar ruido para ser tenidos en cuenta en el tarjetón de 2027. Sin embargo, no es más que eso: Ruido que termina por fastidiar a una población informada que, más temprano que tarde, termina enterándose de las verdaderas intenciones y de una manera de hacer política que está entrando en verdadera caducidad.
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