Por: Yuber Ramírez Quintero – Líder político, social y emprendedor.
La idea de capitalizar la reactivación del tren para convertir a La Dorada en un gigante logístico es una visión que todos aplaudimos. Sin embargo, cuando revisamos la letra menuda del Proyecto de Acuerdo 006 de 2026, el sueño choca de frente con una realidad matemática, financiera y ambiental que no cuadra. La primera gran alarma es jurídica: el actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) vence en su vigencia de largo plazo en 2027. Transformar de raíz el modelo de una ciudad exige una «Revisión Ordinaria», un proceso juicioso que toma años de estudios, diagnósticos y concertación real. En lugar de eso, la Administración pretende usar una «Modificación Excepcional» como un atajo exprés para duplicar el tamaño del municipio en cuestión de meses.
El proyecto pretende crear una nueva zona de expansión industrial de 805 hectáreas en el norte del municipio. Para entender la desproporción de esta cifra, basta mirar las matemáticas: hoy, toda el área urbana consolidada de La Dorada ocupa apenas 759 hectáreas. Quieren construir una segunda ciudad para un corredor férreo que proyecta mover 5,5 millones de toneladas. Si miramos los verdaderos gigantes, el puerto de Cartagena mueve un promedio de 40,2 millones de toneladas al año en solo 87,1 hectáreas. Buenaventura transfiere 18,9 millones en 86,2 hectáreas; Barranquilla mueve 10 millones en 30,9 hectáreas, y Santa Marta opera 13,9 millones en apenas 27,1 hectáreas. Aun entendiendo que la logística terrestre ocupa más espacio, pedir 805 hectáreas es un exabrupto técnico insostenible.
La pregunta desde el sentido común es simple: ¿Tiene lógica duplicar el tamaño de la casa cuando el techo actual se está cayendo? El propio documento de Seguimiento de la Alcaldía confiesa una verdad incómoda: el 61% de los proyectos urbanos planeados para La Dorada en la última década jamás se ejecutaron. Las vías están deterioradas y padecemos deudas históricas en infraestructura. Pretender que un municipio que no ha podido administrar eficientemente su ciudad actual va a poder vigilar y dotar 805 hectáreas nuevas para industria pesada, es un salto al vacío.
Esta desproporción abre la puerta a uno de los riesgos más dañinos: el «volteo de tierras» y la especulación inmobiliaria. Al cambiar con un bolígrafo el uso de un suelo de «rural» a «expansión industrial», su valor comercial se multiplica instantáneamente. Sin una demanda real de grandes industrias haciendo fila para instalarse mañana, estas tierras corren el riesgo inminente de convertirse en gigantescos «lotes de engorde». Un negocio redondo que despierta profundas suspicacias en la comunidad sobre a qué reconocidos empresarios de la región se pretende beneficiar realmente, mientras el municipio se queda sin desarrollo ni empleo.
A este riesgo financiero se suma una tragedia ecológica reciente que no podemos ignorar. En las últimas semanas vimos arder valiosas extensiones de la vereda El Japón, justo en la zona de influencia de este proyecto. Pretender que aquí no ha pasado nada es una negligencia técnica. Un terreno quemado es un terreno enfermo y desestabilizado. La ley exige rigurosos estudios edafológicos y geotécnicos para determinar el grado de devastación. Aprobar un uso industrial sobre un suelo que hoy requiere restauración ecológica urgente es un despropósito ambiental.
Pero el mayor peligro está bajo nuestros pies. Las certificaciones entregadas por Empocaldas y la Empresa de Servicios Públicos (ESP) dicen, en palabras sencillas: el agua y el alcantarillado son «posibles», pero solo si el urbanizador privado asume los millonarios costos de construir redes, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento desde cero.
Y aquí se cierra la trampa: si adecuar esos terrenos resulta financieramente inalcanzable, se fomentará el desarrollo informal. Veremos bodegas e industrias asentándose a medias, evadiendo la norma. Esto es una crisis ambiental anunciada, porque los propios estudios del proyecto advierten que la franja sur de esta expansión está sobre una zona de alta vulnerabilidad a la contaminación del acuífero del Río Grande de la Magdalena. Sin un alcantarillado óptimo, cualquier vertimiento se filtrará directamente a nuestra reserva de agua subterránea.
Finalmente, la planeación desde un escritorio olvida a la gente. Sectores como la vereda El Japón (Talleres) quedarán absorbidos por este polígono industrial. Hoy, estas familias viven con la zozobra de no tener escrituras formalizadas, amparadas apenas en cartas de venta, enfrentándose a un inminente aumento de impuestos y a la imposibilidad de mejorar sus viviendas. Trazar líneas industriales sobre asentamientos vulnerables sin un plan claro de gestión predial es sembrar la semilla del conflicto social.
Nadie se opone a que La Dorada progrese y se posicione como el corazón logístico del país. Pero el crecimiento debe ser escalonado, realista y financiado. Aprobar de golpe 805 hectáreas de expansión evadiendo una revisión ordinaria, sin alcantarillado, amenazando el agua subterránea, sobre suelos quemados y abriendo la puerta a la especulación, no es un plan estratégico; es firmar un cheque en blanco con el territorio de todos los doradenses.
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