TOMADO DE EL PAÍS DE ESPAÑA
Catalina Oquendo B.
Si hay algo en lo que Abelardo de La Espriella ha dado continuidad al Gobierno de Gustavo Petro es en la estrategia de los bombardeos a los campamentos de grupos armados en los que han muerto menores de edad. Hay diferencias, claro. El actual presidente los empaquetó a todos bajo el mote de “narcoterroristas” y canceló las principales opciones de diálogo; pero el ataque a campamentos vía bombardeos sigue igual. Y el fracaso estatal que supone la muerte de menores de edad reclutados por los armados, también.
En las últimas tres semanas, De La Espriella ha ordenado tres bombardeos. Uno contra estructuras del ELN en el Catatumbo; otro contra las disidencias de alias Calarcá en el Guaviare; y otro más, el domingo, contra las disidencias de alias Iván Mordisco. En este último, de acuerdo el propio presidente, han muerto 20 integrantes de ese grupo y recuperaron dos menores. “Vamos tras de ti, Mordisco. No podrás escapar. Cuando menos pienses una bomba va a caer sobre ti”, dijo en un video. Mordisco ha sido el coco de tres presidentes: Iván Duque lo dio por muerto; Petro se mantuvo entre el diálogo y la confrontación con él; De La Espriella ya lo puso como su principal objetivo.
Los tres mandatarios tienen en su historial la muerte de menores de edad en bombardeos. Durante el cuatrienio de Duque fueron 42; en el Gobierno de Petro llegaron a 62; en tres semanas largas de De la Espriella, de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, van por lo menos 4. Y aún faltan los datos del último operativo del que habló De La Espriella. En ninguno de los mandatos se ha conocido alguna estrategia preventiva y contundente para evitar que esos menores terminen reclutados. Solo en el de Petro se intentó reforzar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia (Ciprunna). Pero el reclutamiento- impulsado por redes sociales- nunca se detuvo.
De hecho, hace una semana Human Rights Watch aseguró que la Política Pública de Prevención del Reclutamiento infantil por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados (GDO), aprobada en 2018, está desactualizada “y carece de un plan de acción claro, un presupuesto específico y un sistema de seguimiento”. Y si, como ha denunciado la Defensoría, entre 2021 y 2025 los grupos armados han reclutado aproximadamente 1.500 niños, niñas y adolescentes, es muy probable que estén en los campamentos y en riesgo de morir.
El presidente De La Espriella ha mostrado, eso sí, una forma diferente de comunicar su estrategia de seguridad. Videos cortos y cinematográficos, diferentes a los mensajes largos y mal escritos de Petro que hacían diluir las acciones. La marca del actual mandatario se ha visto al anunciar traslados de delincuentes de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad o en las imágenes de sí mismo firmando extradiciones, particularmente de algunos de los criminales que estaban en negociaciones de paz con el anterior Gobierno. Lo que no ha mostrado aún es qué hará para prevenir el círculo vicioso del reclutamiento infantil, que se ve como uno de sus principales desafíos.














