Por: Antonio Corrales Giraldo.
El nombramiento del doctor Indalecio Dangón Barreto como Ministro de Agricultura abre una oportunidad para repensar uno de los temas más importantes para el desarrollo rural colombiano: la forma como el Estado atiende a los productores agropecuarios en los territorios.
Durante décadas, esta responsabilidad ha recaído principalmente sobre las secretarías de agricultura y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). Su misión ha sido noble y necesaria: transferir conocimientos, acompañar a los agricultores y acercar la tecnología al campo. Sin embargo, también es cierto que el mundo rural de hoy es muy distinto al de hace cincuenta años, cuando fueron concebidas estas estructuras institucionales.
La agricultura colombiana enfrenta desafíos gigantescos. Debe producir más alimentos para una población creciente, mejorar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales, generar ingresos dignos para las familias rurales y, además, adaptarse al cambio climático. Este último desafío no es una amenaza futura; es una realidad presente que ya se manifiesta en sequías prolongadas, lluvias extremas, erosión de los suelos, aparición de nuevas plagas y enfermedades, y una creciente incertidumbre para quienes viven del campo.
Frente a esta realidad, resulta legítimo preguntarse si el actual modelo de asistencia técnica es suficiente para responder a las necesidades de los productores. En muchos municipios las UMATA sobreviven con presupuestos limitados, escaso personal y poca capacidad operativa. En otros casos, lamentablemente, han terminado convertidas en espacios donde pesa más la burocracia que la innovación, más el favor político que el mérito técnico.
No se trata de desconocer el esfuerzo de muchos profesionales que trabajan con compromiso en estas entidades. Se trata de reconocer que el modelo institucional está agotado y que el país necesita una transformación profunda en la manera de generar y transferir conocimiento al sector agropecuario.
Por esa razón proponemos abrir el debate sobre una nueva figura institucional: las Cámaras Agropecuarias Regionales.
La idea es sencilla pero poderosa. Se trataría de organizaciones autónomas de carácter regional, integradas por productores, asociaciones, gremios, empresarios, instituciones técnicas y académicas, que mediante funciones delegadas por el Estado se encarguen de la asistencia técnica, la capacitación, la investigación aplicada, la innovación tecnológica y el acompañamiento integral a los productores.
Estas cámaras serían mucho más que oficinas de asesoría. Se convertirían en centros regionales de desarrollo agropecuario, conectando la investigación con las necesidades reales del productor, promoviendo modelos productivos climáticamente inteligentes y facilitando la formulación y ejecución de proyectos estratégicos para cada territorio.
Además, trabajarían de manera articulada con alcaldías, gobernaciones, universidades, centros de investigación y entidades nacionales, fortaleciendo la capacidad local para enfrentar retos relacionados con la productividad, la sostenibilidad ambiental, la gestión del agua, la conservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.
Lo más importante es que el productor dejaría de ser un simple receptor de programas diseñados desde los escritorios de las grandes ciudades y pasaría a ser protagonista de la construcción de soluciones para su propia región.
Por ello, señor Ministro de Agricultura, respetuosamente le proponemos considerar la implementación de un programa piloto de Cámaras Agropecuarias Regionales en alguna zona del país. Un piloto permitiría evaluar resultados, corregir errores, medir impactos y determinar si este modelo puede convertirse en una alternativa viable para fortalecer la institucionalidad rural colombiana.
Los grandes cambios comienzan con ideas nuevas. El campo colombiano.
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