La Policía Nacional en Caldas, mediante actividades de prevención, control y verificación de antecedentes realizadas por uniformados adscritos a las Zonas de Atención Policial del corregimiento de Bonafont, logró en la vereda San Antonio la captura de un hombre de 42 años de edad, quien era requerido por una autoridad judicial por el delito de homicidio agravado.
El procedimiento se realizó el pasado 17 de junio, cuando una patrulla que desarrollaba labores de vigilancia y control en el sector abordó al ciudadano para practicarle un registro personal y verificar sus antecedentes judiciales. Durante la consulta de su documento de identidad mediante el dispositivo electrónico PDA, los uniformados evidenciaron que sobre esta persona recaía una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado.
De acuerdo con las investigaciones, el requerimiento judicial está relacionado con hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2013 en el municipio de Quinchía, Risaralda. Según el proceso penal, el hoy capturado habría causado la muerte de su esposa luego de agredirla físicamente en repetidas ocasiones y posteriormente asfixiarla con un lazo, motivado por conflictos derivados de la decisión de la víctima de poner fin a la relación sentimental.
Por estos hechos, el agresor fue capturado en el año 2018 en Ansermanuevo, Valle del Cauca, y posteriormente condenado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quinchía, Risaralda, a una pena de 18 años y 9 meses de prisión. No obstante, se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria para el cumplimiento de la condena.
Las verificaciones adelantadas por las autoridades permitieron establecer que el condenado incumplió las obligaciones inherentes a la medida sustitutiva de prisión domiciliaria. En consecuencia, la autoridad judicial competente revocó dicho beneficio y ordenó su reingreso a un establecimiento penitenciario y carcelario para continuar el cumplimiento de la pena impuesta.
Una vez materializada la captura, el ciudadano fue dejado a disposición de la autoridad judicial correspondiente para adelantar los trámites legales pertinentes y garantizar la ejecución de la decisión judicial adoptada dentro del proceso penal.
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